La exigencia de Junts supone multiplicar por ocho el límite de déficit para las comunidades autónomas

Lo que reclama Junts supondría que las comunidades autónomas podrían multiplicar por ocho su déficit el año que viene (pasaría del 0,1% del PIB al 0,8% del PIB, aunque el compromiso con Bruselas es seguir reduciendo el déficit público y la deuda). Más déficit para las autonomías incrementaría también su deuda (el déficit hay que financiarlo con deuda), pero les daría más recursos.

Haciendo un cálculo aproximado en millones de euros, si se aceptara la exigencia de Junts, el déficit conjunto de las comunidades autónomas pasaría de unos 1.600 millones de euros a alrededor de 13.000 millones de euros en 2025. Con el reparto fijado en la senda de déficit planteada por el Gobierno, el Estado se reserva 35.200 millones de euros de déficit y otros 3.200 millones para la Seguridad Social. A las corporaciones locales se les exige equilibrio presupuestario.

En realidad, la nueva senda de déficit da más margen de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos que la anterior porque flexibiliza los objetivos de déficit que había marcado en la senda anterior. De esta manera, las comunidades podrían tener un déficit del 0,1% del PIB –tanto en 2025 como en 2026– en lugar de un superávit de una décima del PIB anual. En euros, supone un margen de mayor gasto de 3.200 millones cada año. Un margen que el Gobierno parece que ve posible ampliar a cambio del apoyo parlamentario, sobre todo porque el mayor crecimiento del PIB posibilita 5.000 millones más de gasto.

Hay que tener en cuenta que el gasto del conjunto de las autonomías es en volumen de un nivel parecido al del Estado, una vez descontadas las transferencias que el Estado hace a otros organismos, entre ellos las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y sin incluir el presupuesto de la Seguridad Social, que supone alrededor de otro tercio del total del gasto público.