El PSOE cede: blinda a Puigdemont y los CDR frente al juez que los investiga por terrorismo

La nueva redacción del artículo 2 -respaldada por el PSOE, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts per Catalunya y Podemos- permitirá, en la práctica, dejar impunes delitos de terrorismo relacionados con el 'procés' aunque hubiera recaído sobre sus autores sentencia firme. La única excepción será ahora que haya existido una «intención directa» de provocar «violaciones graves de los derechos humanos» y, de modo particular, «las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». Es decir, las que impliquen muerte o torturas.

Lo que se busca así es que todos los actores mencionados puedan beneficiarse de la amnistía incluso en el caso -en realidad improbable, pese a los temores de los independentistas- de que diera tiempo a que los tribunales emitan un veredicto inapelable de terrorismo en su contra antes de que la ley entre en vigor a primeros de abril. La proposición de ley original no garantizaba esa eventualidad porque se limitaba a excluir de la amnistía (aunque es exclusión fuera amplia) los casos sobre los que hubiera recaído sentencia firme.

El Gobierno niega que haya vuelto a superar, de la noche a la mañana, lo que consideraba una «línea roja». «Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera y fuera se queda cuando supone violación de derechos humanos», argumentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Fuentes del Ejecutivo esgrimen que, a la hora de la verdad, el nuevo texto resulta más restrictivo que el anterior, refuerza la «seguridad jurídica» y se adapta a los «estándares europeos». «Si antes el límite era que hubiera sentencia firme y sabemos que en abril no va a haber sentencia firme -aducen- se amnistiaba todo. Ahora será el juez, el que aprecie la gravedad o no de los casos. Lo que querían Junts y ERC no ha pasado».

Pero el nuevo redactado también permitirá, en realidad, que se amnistíen todas las causas vinculadas con el 'procés' en las que los jueces o la Fiscalía detecten posibles indicios de terrorismo al restringirse a aquel con resultado de muerte o tortura. De hecho, lo que se pretende es 'desarmar' por completo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que mantiene imputados por terrorismo a Puigdemont y Rovira desde el pasado noviembre con el criterio en contra del Ministerio Público y (aunque solo la vicepresidenta Teresa Ribera haya llegado a dejarlo entrever en público) del propio Gobierno. En privado, fuentes del Ejecutivo apuntan que Tsunami Democràtic debería considerarse un caso de desórdenes públicos y entienden exagerado elevar la naturaleza del delito por el fallecimiento por infarto de un viajero durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat.

Los socialistas no lo expresaron abiertamente, pero varios de sus socios sí. «Como dice (el abogado de Puigdemont), Gonzalo Boye, estos cambios responden a la necesidad de superar la imaginación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales que todos sabemos que de ninguna manera lo son», dijo, por ejemplo, ante la comisión de Justicia, el portavoz de Junts, Josep María Cervera. «Cuando algunos jueces se han dedicado a elaborar un manual de cómo combatir esta ley, nosotros estamos obligados a reforzarla», alegó también.

Junto a la relativa al terrorismo, el PSOE acordó con sus aliados otra enmienda al dictamen de la ley por la cual, una vez entre en vigor, quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión y se levantarán todas las «restricciones de derechos» que pesen sobre los afectados «incluso en aquellos casos en los que se produzca una eventual suspensión del proceso judicial» como consecuencia de que los jueces españoles hayan interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La corrección persigue maniatar la posible reacción del juez del Supremo que batalla por la extradición de Puigdemont, Pablo Llarena, y a la Sala de lo Penal que condenó a los encausados del 'procés' que no huyeron y purgaron prisión.

Junts y ERC tienen intención de mantener vivas el resto de sus enmiendas que no han sido transaccionadas y negociarlas hasta el último momento en el pleno de la semana que viene. En el Ejecutivo sostienen, sin embargo, que con los cambios introducidos ayer se acabó lo que se daba. Ya no hay, en la práctica, margen para nuevas transacionales porque el Reglamento del Congreso obliga a que, en la actual fase, estas cuenten con unanimidad y ni el PP ni Vox estarían por la labor. La portavoz popular en la comisión de Justicia, María Jesús Moro, acusó al PSOE de pretender «eliminar y someter» al Poder Judicial y argumentó que es el «'summum' del cinismo», decir encima que las últimas modificaciones mejoran la separación de poderes.

El PP intentó en vano alargar este martes la tramitación en el Congreso al proponer la comparecencia de expertos previa al debate en pleno. No tuvo apoyos suficientes. Lo previsible es que el próximo martes la ley salga camino del Senado con 178 votos a favor.