El turbio rastro de la 'Operación Cataluña' revive con la amnistía

Responde a las investigaciones extrajudiciales y los montajes llevadas a cabo en el seno de la Policía Nacional a partir de finales de 2012, poco menos de un año después de la llegada de Rajoy a la Moncloa, para intentar desprestigiar, con pruebas reales o falsas, al independentismo catalán y en particular a CiU ante el temor de que el partido que entonces lideraba Artur Mas consiguiera mayoría absoluta en los comicios autonómicos e intensificara sus demandas independentistas al calor de la primera gran Diada separatista. Los documentos que obran en diferentes causas apuntan a que esta 'Operación Cataluña' siguió activa hasta la segunda mitad de 2016, cuando fue desmantelada poco antes de la llegada a Interior de Juan Ignacio Zoido.

La primera mención a algo parecido a este operativo, conocido con el nombre clave de 'Proyecto Barna' por parte del excomisario José Manuel Villarejo se halla en una reunión entre Alicia Sánchez-Camacho, la exlíder del PP en Cataluña, y el propio Villarejo, en la que ella le sugiere «actuar» contra varios miembros destacados del independentismo.

Según los audios, declaraciones y documentos del excomisario y las diferentes denuncias de los afectados, a la cabeza de esa guerra sucia habrían estado supuestamente el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que siempre ha negado tener la más mínima relación con este turbio asunto, su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el entonces número dos de la Policía Nacional y director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino. También habría asumido un papel destacado el propio Villarejo, como máximo responsable de la conocida como 'Policía patriótica', la camarilla especializada en esos años en la presunta persecución de todo tipo de rivales políticos (no solo independentistas) y en tapar las corruptelas del PP (la operación 'Kitchen' para neutralizar los secretos de su extesorero, Luis Bárcenas).

Básicamente, a la 'operación Cataluña' fueron destinados unos 70 agentes de confianza procedentes de diferentes unidades como el departamento de Asuntos Internos, la UDEF (especializada en delincuencia económica y fiscal), la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información de Barcelona o la ya desaparecida Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC).

Su cometido, en principio, era someter a profundas investigaciones prospectivas fiscales, patrimoniales y penales a políticos y representantes del mundo independentista catalán, sin ningún tipo de supervisión o control judicial. El objetivo pasaba por elaborar dossieres para ser filtrados a la prensa o que sirvieran de base para denuncias ante los tribunales con las que desprestigiarles.

Entre 2012 y 2016 se elaboraron cerca de medio centenar de carpetas relativas a personajes catalanes, según los documentos que ha podido consultar este periódico. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos y ante la imposibilidad de encontrar trapos sucios a los investigados, los dossieres contenían informaciones inventadas, a veces mezcladas con datos ciertos y otras simplemente basadas en rumores sin contrastar.

Los montajes más rocambolescos fueron, entre otros, la atribución de una cuenta en Suiza al exalcalde de Barcelona Xavier Trias; una falsa comisión de 90 millones de euros de Acciona a Artur Mas a para la concesión del servicio de Aguas de Barcelona durante 50 años; la inexistente implicación del entonces jefe de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero, en la protección de un clan de narcotraficantes; o el despliegue de una enorme trama de corrupción ligada a los trabajos en la Sagrada Familia.

Además de Trias, Mas o Trapero, fueron objetivo de la 'Operación Cataluña' la saga al completo de los Pujol; el exlíder de Unió Democràtica Josep Antoni Duran i Lleida; el entonces presidente de la patronal FEMCAT Carles Sumarroca; Carles Puigdemont como alcalde de Girona; el expresidente del Barcelona Sandro Rosell; el exconseller de Economía Jaume Giró; o los banqueros de la entidad andorrana BPA.

La única investigación de la 'Policía patriótica' sobre independentismo catalán que ha llegado a algo ha sido el denominado 'caso Pujol', sobre la fortuna oculta del expresidente que escondió en el extranjero y que está supuestamente en el origen del emporio económico montado por su hijos. El sumario sigue pendiente de juicio en la Audiencia Nacional casi diez años después de que el propio Jordi Pujol, acosado ya por las investigaciones de la UDEF, admitiera el 25 de julio de 2014 haber camuflado a Hacienda durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», procedente de la herencia de su padre Florenci.

A pesar de las innumerables investigaciones y denuncias (incluida una comisión parlamentaria), por el momento no ha habido una sola condena directamente relacionada con esta guerra sucia que se atribuye al Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Rajoy. Los casos ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los juzgados ordinarios o están empantanados o han sido archivados. Hasta ahora la única condena (recurrida ante el Supremo) a esta camarilla policial ha sido la de Pino, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y no fue por los montajes o las investigaciones judiciales citadas, sino por intentar manipular las pruebas en el 'caso Pujol' al introducir el contenido de un 'pendrive' que no estaba en la causa.