La juez del 8-M cita como investigado al delegado del Gobierno en Madrid

Otros tres altos cargos del órgano del ejecutivo en la región de Madrid también están citados ese día pero como testigos. Se trata del secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete Luis María Sanz; y el director de la unidad de seguridad ciudadana, José Luis Correas.

Junto a las citaciones, la juez solicita una serie de escritos y diligencias a la Delegación de Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a la Consejería madrileña del ramo, para presentar antes del próximo lunes.

En concreto, pide a la delegación que informe de las resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones/manifestaciones dictadas por José Manuel Franco entre el 5 y 14 de marzo; y de los expedientes que estaban pendientes de resolver cuando el Gobierno declaró el estado de alarma. Todos con copia íntegra de las actuaciones. También solicita más detalles de las 21 manifestaciones que fueron desconvocadas «bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno» para conocer fechas y cauce.

Al Ministerio de Sanidad se dirige por la recomendación de medidas extraordinarias decretadas por el ministro Salvador Illa del pasado 3 de marzo. Quiere saber su distribución o difusión, si fue colgado en la web oficial de Sanidad y saber si fue remitido (día y forma) a la delegación y a otros ministerios.

Lo mismo pide conocer con el comunicado de la directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, de 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de la Covid-19. Sin embargo, no se hace ninguna mención a la responsabilidad de Fernando Simón, director de Emergencias y cabeza visible de la crisis sanitaria.

Por otra parte, la juez quiere poner freno a las filtraciones tras constatar que algunas de las diligencias de investigación «están difundiéndose en los medios de comunicación». Así, advierte a las partes personadas, Fiscalía y Abogacía del Estado, y al personal del juzgado de que «la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad penal».