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El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado el próximo 12 de diciembre en calidad de investigado al exministro de Transportes José Luis Ábalos por su «papel principal» en el 'caso Koldo', la presunta trama de comisiones por la venta de mascarillas en plena ... pandemia. El instructor ofrece a Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto y aforado ante la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, la posibilidad de comparecer en diez días de forma voluntaria para evitar el trámite de elevar el correspondiente suplicatorio al Congreso y demorarse su interrogatorio.
El magistrado Puente, responsable de investigar la causa, también cita a declarar como investigados al empresario Víctor de Aldama el próximo 16 de diciembre y, un día después, a Koldo García, asesor del entonces ministro y secretario de Organización del PSOE. La novedad procesal es que el juez, a diferencia del criterio de la Sala que admitió la exposición razonada contra Ábalos procedente de un juzgado de la Audiencia Nacional, asume la competencia para investigar a De Aldama y García en relación con los hechos que están relacionados de forma «directa e inescindible» con los que pudiera haber protagonizado el aforado.
Según el auto, estas conductas que objetivamente conforman el perímetro de esta causa consisten en la adjudicación de contratos entre la administración central (ministerios de Transportes e Interior) y autonómica (gobiernos de Baleares y Canarias) o entidades vinculadas a estas a la empresa privada Soluciones de Gestión, responsable de la adquisición y venta de material sanitario en marzo y abril de 2020 por valor de unos 53 millones de euros. Un mercantil controlada por De Aldama.
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Según la exposición razonada que remitió el juez Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, De Aldama sería la persona que en beneficio propio y de terceros, a través de determinados pagos o de contraprestaciones económicas y aprovechando su influencia sobre Koldo García y sobre el propio José Luis Ábalos, «habría logrado para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades a ella vinculadas».
Respecto a Koldo García, exvocal/consejero de Puertos del Estado y de Renfe, según los indicios que revelan las investigaciones realizadas hasta ahora se trataría de la persona que podría haber actuado como enlace entre la administración o entidades vinculadas a ella con Ábalos y De Aldama.
El instructor indica que los pagos que el empresario, «siempre en los términos indiciarios que resultan propios de esta muy incipiente fase de la investigación, podría haber realizado a los dos primeros, aparecen en el escenario fáctico inescindiblemente vinculados a los cobros, como igualmente no resulta factible desconectar las gestiones intermediadoras que se atribuyen a Koldo García».
Del mismo modo, la resolución señala que el juez Moreno debe continuar con la instrucción de la causa respecto a todos los demás investigados en ellas -caso del hermano de Koldo, su mujer, los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche o el guardia civil José Luis Rodríguez-, además de otros hechos diversos que no guarden relación con Ábalos y que pudieran atribuirse a De Aldama y García, como, por ejemplo, los delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales.
Esta decisión supone que el instructor del Supremo sí verá los indicios contra los tres imputados de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Así, la declaración incriminatoria que hizo De Aldama el pasado 21 de noviembre, en línea con el pacto de colaboración alcanzado por la Fiscalía Anticorrupción, será investigada por el juez Puente. Entonces, el empresario que aparece como «nexo corruptor» en el centro de la trama, según la UCO de la Guardia Civil, unidad investigadora, afirmó que Ábalos se embolsó una mordida de 250.000 euros en comisiones y Koldo García, otra de 100.000 euros más por los contratos de las mascarillas.
Ese dinero, señaló al juez, se lo entregó él mismo a ambos en su despacho o dependencias del ministerio. No obstante, el ministro y su mano derecha, en principio, exigieron un porcentaje superior, de acuerdo con la versión del presunto «conseguidor» de la red corrupta, que dio a entender que hubo más pagos a Ábalos y a su hombre de confianza, además de sufragar el chalet de veraneo en Cádiz del titular de Transportes y el ático de lujo en un rascacielos de Madrid de Jéssica Rodríguez, su entonces novia.
De Aldama, que aseguró que presentará evidencias a la Fiscalía de todas estas acusaciones, aunque hasta ahora no ha dado este paso, también dijo que entregó un sobre con 15.000 euros a Koldo García en un bar enfrente de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, cuyo destinatario final sería el secretario de Organización Santos Cerdán. Un extremo que éste negó con rotundidad en su momento ya que ni siquiera -aseguró- conoce a De Aldama, contra quien se querellaron por injurias y calumnias varios dirigentes socialistas, entre ellos el secretario general Pedro Sánchez, por sus incriminaciones «absolutamente falsas y difamatorias»
Por último, el juez del Supremo da un plazo de tres días a las seis acusaciones populares del 'caso Koldo' -Partido Popular, Vox, Hazteoir.org, asociación Liberum, pseudosindicato Manos Limpias y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)-, a las que tiene personadas provisionalmente en la causa (la semana pasada se unió el PSOE), para que informen en relación con la previsión legal de acumular a todas ellas en una única acusación para agilizar el procedimiento.
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