Un juez militar imputa a tres mandos por la muerte de los dos soldados en Cerro Muriano

El magistrado ha tomado esta decisión tan solo tres días después de hacerse cargo de la causa tras inhibirse un juzgado de Córdoba en su favor. Además de al capitán, que ya fue suspendido por el Ministerio de Defensa al día siguiente del suceso, se investiga a un teniente y un sargento que formaban parte de la compañía y no discutieron las órdenes de su superior. Se acusa a los tres de un delito contra la eficacia del servicio por haber causado la muerte durante una operación militar. El Código Penal Militar se ajusta al Penal civil y señala condenas para los posibles culpables de entre diez y quince años de prisión.

El juez militar considera que durante la maniobra no se observaron las medidas de prevención y asistencia en caso de emergencia. Señala que las mochilas que se usaron no eran estancas y por tanto no sirvieron como flotadores al llenarse de agua y aumentar aún más a la carga que los soldados llevaban a sus espaldas, al que algunos de ellos sumaban una pesa de 3,5 kilos como castigo por errores en un ejercicio anterior. El magistrado también señala que la cuerda que se desplegó entre una orilla y otra no sirvió como auxilio a los militares que se adentraron en el agua, como sí lo hubiera hecho una línea de vida, un cable al que hubieran podido engancharse los participantes en la maniobra para evitar el ahogamiento.

La decisión del juez queda muy lejos de las peticiones de las defensas particulares de los dos militares fallecidos. En el caso de la del soldado Carlos León, su abogado amplío el martes la denuncia que ya presentó el 30 de diciembre para solicitar que se cite como investigados a todos los mandos superiores de la base, incluidos un teniente coronel, un coronel y un general de brigada por un delito de homicidio por dolo eventual. Es decir, aunque no pretendían la muerte de los dos militares, no dispusieron los medios necesarios para evitarlas. Se considera además al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. El letrado también adelantó que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Córdoba la decisión de ceder la investigación a la justicia militar.

Margarita Robles destacó ayer que Defensa exige la máxima transparencia en la investigación y solicitó a los soldados que participaron en el ejercicio que declaren hasta el último detalle lo sucedido en el lago de la base. «Lo único que quiero es que se cuente toda la verdad y que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, que van a contar con todo el apoyo del Ministerio de Defensa», afirmó Robles.

La ministra, jurista de profesión, añadió su plena confianza en la justicia. «Lo primero y más importante es respetar las decisiones de los jueces, tanto de la justicia civil, como de la militar, son jurisdicciones independientes y los jueces van a actuar con aplicación de la ley», concluyó.