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Ander Azpiroz
Martes, 16 de enero 2024, 12:20
La familia del soldado Carlos León Rico, uno de los dos militares que falleció ahogado el pasado 21 de diciembre durante unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano, ha anunciado que ampliará la denuncia que ya presentó el 30 de diciembre para ... imputar a toda la cadena de mando de la unidad. Incluidos un teniente coronel y un general de brigada. Además, considera al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario.
El abogado de la familia, Luis Romero, considera que tanto el capitán que dirigía la compañía como sus superiores incurrieron en un delito de homicidio por dolo eventual. Es decir, aunque no pretendían la muerte de los dos militares, no dispusieron los medios necesarios para evitarlas. Este delito está castigado según el Código Penal con entre diez y quince años de prisión. Romero también ha avanzado que solicitará una vez declare el capitán su ingreso en prisión provisional como medida cautelar.
El letrado ha desgranado en una comparecencia el cúmulo de despropósitos que se acumularon durante el ejercicio en el que participaron 60 efectivos. El principal de ellos fue la orden del capitán de cruzar un lago artificial de 200 metros cuadrados y con hasta tres metros de profundidad con unas temperaturas que no alcanzaban los cuatro grados y el agua gélida. Tan solo instantes después de que los primeros militares se adentraran en el lago sus compañeros en tierra comenzaron a escuchar los gritos de auxilio. Todos pudieron ser rescatados menos el soldado León y el cabo Miguel Ángel Jiménez, que se lanzó al agua para socorrer al primero. Ambos murieron ahogados. Otro de los militares tuvo que ser reanimado de una parada cardiorrespiratoria y varios más sufrieron hipotermia.
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Romero ha explicado que los soldados no contaban con chalecos salvavidas, en el lugar no había una lancha de rescate y la ambulancia de la base tardó más de un cuarto de hora en llegar.
Según han declarado varios de los soldados ante la Guardia Civil, algunos de ellos llevaban en sus mochilas una pesa de 3,5 kilos como castigo por haber cometido errores en un ejercicio anterior. Además, las mochilas, con las que se ordenó cruzar el lago, no eran estancas, según el abogado de la familia, con lo que la entrada de agua aumentó aún mas su peso. A ello se sumaron las botas, el casco y el resto de equipamiento que portaban los soldados. En total, cerca de 12 kilos.
Tampoco existía una línea de vida, un cable dispuesto entre una orilla a otra al que los soldados pueden engancharse en operaciones acuáticas. Sólo había una cuerda a modo de guía pero el capitán dio orden de no agarrarse a ella salvo «en caso de vida o muerte». Cuando algunos lo hicieron la cuerda se vino abajo al no estar lo suficientemente sujeta.
El juzgado número 4 de Córdoba que había llevado hasta ahora la investigación de la muerte de los dos soldados al ser el primero en conocer los hechos se ha inhibido este martes en favor del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla, que será el encargado de continuar con la investigación. La decisión no ha gustado al abogado de la familia del soldado Carlos León, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Provincial.
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