La reforma urgente de la ley de libertad sexual se perfila como la salida menos mala para evitar que las futuras condenas por agresión sexual tengan «menos penas» al haberse bajado los máximos y mínimos con esta norma. La propuesta la lanzaron ayer el Consejo ... General del Poder Judicial y algunas asociaciones de jueces, muy críticas por las «ofensivas descalificaciones» vertidas contra la carrera judicial por la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien piden su dimisión, y la delegada del Gobierno en violencia de género, Victoria Rosell, por la interpretación que están haciendo los tribunales del texto al revisar condenas.
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La vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda, unas de las redactoras del informe de febrero de 2021 que ya advirtió de las consecuencias de modificar el cuadro de penas en la ley del 'solo sí es sí', dio ayer un paso más y sugirió al Gobierno la necesidad de corregir lo antes posible la norma. Con ello se pretende evitar situaciones a futuro que le «preocupan más», avisó, en referencia a que «los hechos más graves en temas de violencia sexual serán castigados con menos pena» de mantenerse la ley tal y como está. Ello «llevaría consigo a que una ley que es buena sea mejor», consideró.
Una de las opciones que plantean los juristas es introducir una disposición transitoria que fije en qué supuestos pueden aplicarse las horquillas de las penas. La razón de fondo son las profundas modificaciones que introduce la ley de Igualdad con respecto a la anterior norma, debido a que se ha fusionado en un solo delito lo que antes eran dos:abuso y agresión sexual, y dejar aparte los supuestos más graves de violación.
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En línea con las presiones que ya le llegan al Gobierno, Sepúlveda admitió que «no se puede dar marcha atrás» para revertir las reducciones de condena al amparo de esta norma, ya que es un principio fundamental del Derecho Penal la aplicación de la retroactividad de las leyes más favorables al reo. Por lo tanto, reiteró, es necesario abordar ya las mejoras legales. En esta línea, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), Jorge Fernández Vaquero, recordó que «la forma en que se aplica ahora» la ley no tiene porque ser «la definitiva», en tanto que «la jurisprudencia puede cambiar» si así lo determina el Supremo.
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La Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal espera poder pronunciarse sobre este asunto en menos de un mes sobre recursos de casación ya en trámite. Para el 29 de noviembre está fijada la deliberación del 'caso Arandina', en el que el Tribunal Superior de Castilla y León atenuó notablemente las penas a tres jugadores del club al rebajar a abusos la condena por agresión sexual. Pero persisten interrogantes sobre si esta causa casa con los polémicos supuestos de la ley del 'solo sí es sí'
A la espera, por lo tanto, de un pronunciamiento del alto tribunal que marque de algún modo el camino a las instancias inferiores (audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia autonómicos) –aunque el margen de actuación para corregir el «desatino» de esta ley y evitar las actuales reducciones de penas es casi nulo, comentan desde el Supremo–, la Fiscalía General del Estado movió ficha ayer por la tarde con los márgenes de actuación también muy reducidos. El departamento dirigido por Álvaro García Ortiz ordenó a los fiscales superiores que recaben y le remitan la información sobre los casos de condenas por delitos sexuales que se han revisado a causa de la entrada de la ley.
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El oficio pretende analizar si hay disparidad de criterios entre los fiscales y si es necesario emitir una circular para unificarlos. En este supuesto, no se emitiría de manera inmediata porque requiere un trabajo previo que implica, entre otras cosas, que se debata en la Junta de Fiscales de Sala, y no está previsto que llegue a plantearse en el cónclave del 25 de noviembre. Horas antes, García Ortiz subrayó que la Fiscalía huirá de «automatismos» en las revisiones de las penas y llevará a cabo este trabajo con «vocación de amparo a las víctimas».
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