Jové será juzgado en abril, en plena tramitación de la ley de amnistía

Jové es diputado de ERC y presidente del grupo parlamentario en la Cámara catalana. En 2017, era mano derecha de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y en la Vicepresidencia. Era secretario general de Vicepresidencia. Forma parte de la cúpula de ERC y es uno de los negociadores con el PSOE de la ley de amnistía, que debería beneficiarle. Está acusado de malversación, prevaricación y desobediencia. Salvadó es el presidente del Puerto de Barcelona y en 2017 era secretario general de Hacienda del Govern. También muy próximo a Junqueras y se sentará en el banquillo por los mismos delitos que Jové. Garriga es la actual consejera de Cultura de la Generalitat. Está procesada por desobediencia.

El juicio se desarrollará en una veintena de sesiones, entre el 10 de abril y el 29 de mayo. El proceso judical tendrá lugar en paralelo a la tramitación de la ley de amnistía, que debería estar muy avanzada para entonces, y de la que se beneficiarán los tres en caso de ser condenados.

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La Fiscalía pide siete años de prisión para Jové y Salvadó. Jové y Salvadó eran estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en la Vicepresidencia y Consejería de Economía, que tenía atribuida la responsabilidad de organizar los preparativos de la consulta.

Jové formó parte del equipo negociador de la investidura de Pedro Sánchez y su célebre libreta 'moleskine' fue un elemento clave en el juicio del 'procés' contra los dirigentes secesionistas en el Supremo, pues anotó cada reunión que celebró para preparar los pasos previos a la declaración de independencia hace seis años. La justicia justificó su procesamiento en que desde su puesto de secretario general de la Vicepresidencia, «tuvo participación activa en la preparación del 1-O y en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia en el referéndum ilegal fuesen superiores a los negativos».

La magistrada consideró acreditado que obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para lo que carecía de competencias. Y «desoyó los mandatos del Constitucional interviniendo activamente en la búsqueda de locales donde debía llevarse a cabo el referéndum». Jové «conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum», según el auto de procesamiento. A Salvadó, la jueza instructora le atribuyó la responsabilidad de planear y preparar las estructuras de Estado y una adecuada financiación en caso de independencia.