El jefe de la unidad contra el narco que desmanteló Marlaska será juzgado por corrupción

Entre otros motivos, le atribuyen su responsabilidad directa en el desmantelamiento en septiembre de 2022 de la unidad especial creada cuatro años antes para combatir a los clanes de la droga en el Campo de Gibraltar, llamado OCON-Sur. Un grupo de unos 150 agentes de la élite del Instituto Armado que estuvieron acuartelados en el Puerto de Algeciras y que obtuvieron eficaces resultados tanto en el número de detenidos como en la droga incautada.

Además, ejercieron una presión de tal magnitud sobre los narcos en la costa gaditana que estos clanes tuvieron que emigrar a otras provincias andaluzas, Málaga, Sevilla o Huelva, e incluso al sur de Portugal para poder alijar la mercancía ilegal procedente de alta mar o del vecino Marruecos.

Sin embargo, de la noche a la mañana el OCON-Sur fue suprimido por Interior. Una decisión que generó bastante sorpresa porque ni los fiscales antidroga gaditanos, que trabajaron «codo con codo» con los uniformados en las investigaciones judicializadas, fueron informados del final de este órgano. Así lo reconoció este martes el fiscal general Álvaro García Ortiz en una entrevista en Onda Cero. «No se nos comunicó», admitió.

Pero, ¿por qué Grande-Marlaska suprimió este eficaz grupo de buenas a primeras? Fuentes de Interior explicaron que no fue desmantelado como tal, sino que los 150 agentes fueron recolocados en las unidades judiciales de las diferentes comandancias de las Guardia Civil de la zona, reforzando así su plantilla. Pero detrás de esta decisión del ministro -añaden otras fuentes consultadas- estuvo un asunto mucho más espinoso: las sombras de sospechas sobre el liderazgo «personalista» del entonces jefe de OCON-Sur, el teniente coronel David Oliva, su cercanía con algunos cabecillas del narco del lugar (ya fuera por cuestiones profesionales o personales) y las indagaciones que estaba llevando a cabo entonces la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil contra el citado oficial y sus «amistades peligrosas».

Estas pesquisas fueron abiertas como una pieza separada en una causa mayor que un juzgado de la Audiencia Nacional seguía contra un clan de narcos en la denominada 'operación Varea', que dirigía el propio Oliva. Una disputa entre dos tenientes y la relación de uno de ellos con una familia gaditana vinculada al tráfico de droga, tal y como reveló la investigación judicial, puso en alerta a Asuntos Internos y también al propio Oliva.

El condecorado y reconocido oficial quiso conocer, presuntamente, hasta dónde llegaban estas pesquisas y si le afectaban a él. Finalmente, fue imputado por facilitar la llegada a la OCON-Sur de uno de estos tenientes, entonces en Asuntos Internos, a cambio de conocer la información reservada que manejaban contra su persona.

La operación estalló en diciembre de 2022, tres meses después de que Interior desmantelara OCON-Sur, con la detención del agente J. A. B. P. en Algeciras. Registraron su casa y su puesto de trabajo y le intervinieron su móvil y otros dispositivos. Lo acusaron de revelación de secretos. Declaró ante el juzgado de la Audiencia Nacional y, cuatro meses después, en abril de 2023, hicieron lo mismo Oliva y el segundo teniente implicado (J. I. F. P.). Estas filtraciones provocaron el archivo de la pieza principal contra los narcos y la disputa entre dos juzgados sobre la competencia del procedimiento policial.

Finalmente tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, que en octubre pasado entregó la causa a un juzgado ordinario de Madrid, el de Instrucción número cinco de Parla, por ser el lugar donde se produjo la supuesta delación. Y ahora este juzgado ha culminado las pesquisas y ha decidido mandar a juicio a los tres agentes implicados al apreciar dos delitos de revelación de secretos y uno de cohecho, según han confirmado fuentes judiciales a este periódico.

Al ser este último tipo penal competencia del tribunal del jurado popular será este órgano el que los juzgue. La Audiencia de Madrid, no obstante, supervisará la fase de la vista oral. Por su parte, el Ministerio Público prefirió que la acusación la mantenga la Fiscalía Antidroga por la relevancia del caso en detrimento de la Fiscalía de Madrid.