Interior reprime las protestas contra la amnistía con la 'ley mordaza' que quería derogar

Todos aquellos anuncios y promesas no llegaron a nada. En marzo de este año, el borrador de la reforma murió antes de su alumbramiento por las diferencias irreconciliables entre el PSOE y sus socios. El 'fallecimiento' de la nonata reforma dejó las cosas como estaban y, de paso, ocho meses después, está brindando intacto un arsenal punitivo y sobre todo disuasorio al Ministerio del Interior para reprimir las protestas contra la amnistía que, de haberse cumplido las promesas de Sánchez, ahora Fernando Grande-Marlaska no tendría a su disposición.

La principal herramienta que perdería Interior frente a las protestas por los pactos de Sánchez con los secesionistas catalanes habrían sido las multas a los organizadores de las protestas no comunicadas a la Delegación del Gobierno, como lo están siendo todas y cada una de las manifestaciones de estos días frente a las sedes del PSOE. La actual legislación abre la puerta a considerar estas convocatorias como faltas muy graves con multas de hasta 600.000 euros. Es más, identifica igualmente como infracción muy grave «la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público» que no hayan sido comunicadas.

Sin embargo, el proyecto de reforma pactado por el PSOE y Podemos hace ahora dos años abogaba por la no sanción siempre que «el ejercicio pacífico de tal derecho (manifestación) precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público».

Aquel cambio que no salió adelante fue uno de los que provocó que decenas de miles de policías se echaran a la calle a finales de 2021, ante la indefensión que -enfatizaban- este tipo de convocatorias 'secretas' les suponían. Sobre todo por la incapacidad de montar despliegues y cordones que garantizaran también la seguridad de la ciudadanía.

Hace dos años, los socialistas y la formación morada también se comprometieron por escrito a acabar con la penalización administrativa, igualmente tipificada como «muy grave», de las concentraciones de «perturbación» de la «seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas».

Si hubiera salido adelante la reforma que defendían el PSOE y sus socios, ahora sería inviable, tal y como estudia Interior, tratar del multar con hasta 600.000 euros a los dos conocidos promotores de la marcha (que tampoco fue comunicada) que el pasado martes se desgajó de la concentración ante Ferraz y acabó con una sentada ante el palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Uno de los motivos, sino el principal, por el que fracasó el intento de reforma o derogación de la actual 'ley mordaza' fue por la negativa en redondo de Fernando Grande-Marlaska a prohibir por norma el uso de las pelotas de goma.

Todos sus aliados parlamentarios, sin excepción, presionaron hasta romper la cuerda para que se vetara de una vez por todas este material antidisturbios, que en alguna ocasión en España ya ha provocado lesiones tan graves como dejar tuertos a manifestantes. Interior no cedió a esas presiones, después de que todos los expertos policiales del departamento insistieran en que privar de ese arsenal «esencial» a los antidisturbios podría provocar graves problemas de orden público en el control de masas.

Al final, las pelotas (aunque también la negativa de Marlaska a vetar las expulsiones en caliente de inmigrantes en las vallas) hicieron naufragar la reforma de la 'ley mordaza'. El martes, las Unidades de Intervención de la Policía (UIP) hicieron un uso masivo de las denostadas bolas de caucho, con autorización expresa de la Delegación del Gobierno, para disolver la manifestación ante Ferraz más violenta hasta la fecha.