Interior oculta a Llarena quién ordenó que no se montara una operación para capturar a Puigdemont

Entre otras cuestiones, el juez hizo una pregunta muy precisa: la identidad de los «agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación y de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo».

Pues bien. No hay respuesta todavía. Ni un solo nombre. Ni un cargo por el que empezar la investigación que Llarena quiere poner en marcha para aclarar por qué Interior descartó montar un verdadero operativo para hacer cumplir la orden de captura, a pesar de que eran públicos y notorios el lugar y la hora en el que iba a intervenir el expresident: en el Arco de Triunfo de Barcelona a las 9:00 horas del jueves 8 de agosto.

Y es que el informe íntegro remitido por el ministerio al Supremo este martes oculta quién o quiénes fueron los mandos policiales o responsables políticos de Interior que tomaron la decisión de que la captura del prófugo más buscado de España no ameritaba un operativo «extraordinario» previo de los servicios de información para anticiparse a los movimientos del huido. Tampoco un despliegue de efectivos encubiertos en los alrededores del escenario para apresarle, en el caso de que los Mossos, como así acabó ocurriendo, no lo hicieran.

El documento enviado por el equipo de Marlaska despacha la rendición de cuentas a Llarena en solo cinco folios sin firma y con el único membrete de Interior (sin concretar departamento alguno). Tal y como anticipó este martes el ministro a través de un comunicado, efectivamente el texto constata que ni Policía ni Guardia Civil montaron un operativo previo para tratar de localizar a Puigdemont y que solo a posteriori, cuando se constató que el líder de Junts se había vuelto a dar la fuga, fueron movilizados los servicios de información y de fronteras.

Y esa es precisamente la argucia que utiliza Interior para no dar nombres: como no había «un dispositivo ad hoc, el mando del despliegue operativo y ejecución de todas las actuaciones generales o particulares dirigidas a la detención del procesado en rebeldía señor Puigdemont ha recaído en la cadena orgánica ordinaria, sin que se haya establecido una estructura específica para tal fin».

Es más, el departamento de Grande-Marlaska se autoexculpa de todo, al tiempo que se anticipa a eximir a sus mandos y a sus políticos de cualquier responsabilidad, ya que dice «no haber observado en dicha cadena de mando ninguna actuación que haya afectado negativamente a la eficaz consecución del objetivo de detención del expresidente señor Puigdemont».

Aun así, el documento que ya tiene Llarena en su poder revela que ese despliegue limitado ordenado desde Madrid distó mucho de ser un gran operativo. Interior, según descubre el texto, se limitó a disponer controles en 15 puntos de los habituales en los que se coloca siempre la Guardia Civil y, sobre todo, la Policía Nacional en las cercanías de las fronteras de Francia, muchas veces como simple disuasión. Se trata de puntos más que conocidos por los habitantes de la zona y los turistas asiduos a los Pirineos catalanes.

Las ubicaciones exactas de estos controles en carreteras y vías secundarias (ocho en Lleida y otras siete en Girona) se incluyen en el informe, pero no se especifican en esta noticia por motivos de seguridad. Interior, de acuerdo con este dossier, no desplegó efectivos en ninguna de las numerosas carreteras aragonesas, navarras o vascas que también dan acceso a Francia. Solo se controlaron dos de las cinco provincias o comunidades que colindan con el país vecino, con el que existen operativos en la actualidad 27 pasos.

En todo caso, el ministerio intenta justificar lo humilde de ese despliegue dado los «recursos disponibles». Una supuesta escasez que hizo que el ministerio tampoco ordenara ningún operativo de 'jaula' en las «vías de alta capacidad», que quedaron bajo la «responsabilidad del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra».

Más allá de esa operación en carreteras secundarias, Interior –desvela el informe- sí que desplegó algunos agentes de paisano la tarde del jueves por si al prófugo se le ocurría dar otro golpe de efecto por la tarde y volviera a la zona. «Durante la tarde del mismo día 8 de agosto, ante la hipótesis de que el expresident intentara acceder al Parlament para participar en la parte restante del acto de investidura y votación al candidato, Policía Nacional y Guardia Civil establecieron un dispositivo conjunto, suficiente, en el entorno del Parlament, con resultado negativo ya que no se localizó al prófugo», explica el dossier, en el que se insiste en que, además, «por los servicios de información e inteligencia del Ministerio del Interior, durante toda la jornada del jueves 8 se realizaron innumerables comprobaciones de diferentes informaciones que se manejaban», señala el texto del ministerio.

En la integridad del documento llegado al alto tribunal aparecen de manera mucho más extensa y expresa las críticas y señalamiento de Interior a los Mossos por la fuga que en el extracto que el martes el departamento que dirige Marlaska hizo público. Según Interior, sus mandos se relajaron en este asunto porque la policía catalana, incluso, les avisó de que tenía todo listo para trasladar al prófugo a Madrid.

«Este Ministerio del Interior fue informado de que por dicho cuerpo se establecería un dispositivo específico y especial para proceder a la detención del señor Puigdemont una vez fuese localizado y se diesen las circunstancias operativamente idóneas para proceder a la práctica de la misma. Y a su eventual traslado a Madrid si así era acodado por la Sala del Tribunal Supremo», revela el documento.

El informe, como sí había anticipado Interior, subraya que los Mossos rechazaron el «apoyo operativo» que se les brindó desde Madrid. Y es ahí donde Interior responsabiliza al cuerpo autonómico de la fuga porque la información que llegaba de la policía catalana, arguye el ministerio, hizo que «no se dispusiera la implementación ad hoc de otro servicio de seguridad ciudadana y orden público paralelo al que iban a implementar los Mossos». Y ello –insiste Interior- porque de acuerdo con lo Estatuto de Autonomía de Cataluña, los Mossos tienen «como ámbito de actuación el conjunto del territorio de Cataluña» y tienen en la comunidad todas las competencias policiales, incluida la de «policía judicial».

«Dada la competencia y capacidades operativas de los Mossos d'Esquadra como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa, no se implementó por Policía Nacional y Guardia Civil un servicio ad hoc para garantizar la seguridad del acto de investidura en el Parlament y la detención, en el marco de dicho servicio ad hoc, del Sr. Puigdemont en los alrededores, a la entrada o dentro de dicha sede institucional de la Generalitat de Catalunya», insiste en sus críticas a la policía de la Generalitat el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.