Los inspectores fiscales rechazan el 'cupo catalán' por su impacto en el fraude y las regiones pobres

En una nota de casi 30 páginas dada a conocer este lunes, la asociación que representa, según sus datos, al 70% del colectivo de funcionarios del cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado, hace un llamamiento al Gobierno para que no convierta la Agencia Tributaria en «moneda de cambio» en unas negociaciones que, subrayan, buscan la «independencia fiscal» de Cataluña.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha insistido en que su propósito es abordar una reforma del sistema de financiación con todas las comunidades del régimen común de manera multilateral. Sin embargo, el hecho de que el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PSC, Salvador Illa, hayan hecho alusión también en los últimos meses a la vía del «consorcio tributario» recogido en el Estatut aprobado en 2006, lleva a IHE a hacer algunas advertencias sobre los límites constitucionales de esa fórmula. Sobre todo, teniendo en cuenta que en 2007, el Parlament incluyó en la ley que aprobó la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña una disposición que contemplaba su constitución gradual, dicen,    en «la única» administración en la materia en la comunidad.

El documento advierte de que el consorcio a que se hace referencia en el Estatuto «solo está previsto como forma de colaboración para los tributos parcialmente cedidos, pero nunca puede amparar la cesión a Cataluña del 100% de los impuestos recaudados en dicho territorio»; entre otras cosas, porque hay impuestos que como el IVA, subrayan, no permiten ser gestionados por un consorcio y otros que lo serían difícilmente, como los que recaen sobre el comercio exterior, sobre la renta de no residentes y sobre sociedades, en el que las diferencias de gestión puede llevar a deslocalizaciones.

Avisa también de que el fraccionamiento de la AEAT obligaría a dar pasos atrás en la gestión eficiente de los impuestos, dado que se necesitan bases de datos lo más completas e integradas posible; que provocaría perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal (problemas de control de las grandes multinacionales, de las tramas del IVA, de los grandes patrimonios...),    y que afectaría a la recaudación tributaria, ya que a los contribuyentes catalanes les bastaría con situar sus bienes fuera de Cataluña para burlar embargos por impagos porque, se subraya, la ATC no puede actuar fuera de Cataluña conforme al artículo 157.2 de la Constitución.

Pero, además, los inspectores asumen que los «políticos catalanes» no comparten los principios constitucionales de solidaridad entre regiones y de garantía de los servicios públicos esenciales, y que, en el caso de lograr la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña, no van a financiar su parte en los fondos de compensación interterritorial y de garantía de niveles mínimos de servicios públicos, aunque Aragonès habla de contribuir a un fondo de solidaridad «temporal».

«Esto nos llevaría a que los servicios que se prestan en las regiones más pobres, antes o después serán inferiores en cantidad y calidad, lo que supone el incumplimiento del principio de igualdad reflejado en el artículo 14 de la Constitución», alegan.