El Gobierno refuerza a Illa y recurre ahora al TC la última iniciativa para declarar la independencia

El texto fue admitido a trámite por la Mesa el pasado 20 de febrero gracias al apoyo de Junts y la abstención de ERC, pese al informe contrario del los letrados. El PSC votó en contra. Pero hasta ahora, solo Ciudadanos y Vox habían movido ficha al respecto. El partido de Santiago Abascal reclamó seis días después al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la paralización urgente de la tramitación de la medida, aún embrionaria, y Cs recurrió en amparo al Constitucional el 8 de marzo.

Los recursos del PSC y el Gobierno llegan con el Parlament ya disuelto, tras la convocatoria electoral firmada el lunes pasado por Pere Aragonès, de manera que tienen un carácter más bien simbólico, aunque, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos que emanan del Gobierno o las proposiciones que parten de los grupos parlamentarios, las iniciativas populares no decaen con la legislatura y, por tanto, el texto puede ser retomado una vez se constituya de nuevo la cámara.

La intención es que el Consejo de Ministros acuerde este martes impugnar la decisión del órgano de gobierno parlamentario, presidido por la neoconvergente Anna Erra, tras recibir el aval de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, al frente de la cual Sánchez situó hace un mes a la exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo. Según adelantó adelantó 'El Mundo', lo hará en base al artículo 161.2 de la Constitución, que permite al Ejecutivo recurrir las decisiones de los órganos de las comunidades autónomas. El tribunal tiene cinco meses de plazo para decidir si ratifica o levanta la suspensión de la tramitación, que se producirá, una vez presentado el recurso, de manera automática.

En el momento en el que la Mesa del Parlament aceptó dar cauce a la propuesta secesionista, el Gobierno se hallaba en plenas negociaciones con Junts para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la ley de amnistía, sobre la que pivota la legislatura. Y, en ese momento, Sánchez optó por no dar demasiada relevancia al asunto. «Forma parte de las dinámicas de la propia cámara autonómica», dijo, con tono despreocupado en una conversación informal con los periodistas que le acompañaron en su viaje a Marruecos solo un día después, el 21 de febrero.

Es cierto que el Ejecutivo disponía de un plazo legal de dos meses para actuar y entonces no había prisa para porque el propio devenir de la ILP era incierto y su periplo en el Parlament se preveía largo. De entrada, tenía que pasar por la una comisión de control, encargada de velar por la veracidad del procedimiento en la recogida de firmas, e integrada por tres magistrados del TSJC que presentaron su renuncia el 5 de marzo (aunque fue comunicada a la Mesa el 12). Antes de la disolución, el órgano parlamentario había pedido al tribunal que designara a otros tres jueces para sustituirlos.

Ahora, en precampaña, y con las reuniones pactadas con Junts y ERC durante la investidura en suspenso, a los socialistas les interesa mandar un mensaje que despeje posibles dudas entre sus potenciales votantes sobre su posición frente a la exigencia de un referéndum de la que no se apean sus socios. Este domingo, en una entrevista en 'El Periódico', la secretaria general de ERC, Marta Rovira, aseguró que el asunto ya se está abordando con el PSOE, cosa estos niegan.

Illa aparece en la mayoría de los sondeos como claro ganador, con más de 40 escaños frente a los 33 que logró en 2021, cuando empató con Esquerra en diputados. Pero para alcanzar la mayoría absoluta necesitará a los comunes y a alguno de los dos grandes partidos independentistas. Los sondeos apuntan a que hay una bolsa de medio millón de indecisos que, en su mayoría, se sienten tentados de votar al PSC y aunque mayor parte del voto de Ciudadanos irá a parar al PP, un porcentaje nada despreciable (un 17%), según el Cis catalán, podría optar por los socialistas, pero los que se perciba como coqueteos con el secesionismo puede frenar ese flujo.