La reforma legal del PSOE suscita estupor entre jueces y juristas: «Un traje a medida para Begoña»

«Un traje a medida de Begoña», es la deducción de voces de la Magistratura consultadas, en alusión a su convicción de que la norma planteada busca favorecer a la mujer de Sánchez y también a su hermano, imputados ambos por presunta corrupción tras las denuncias presentadas por el seudosindicato ultraconservador Manos Limpias y en los que no acusa la Fiscalía. Estas fuentes atribuyen al Gobierno, a través de la proposición registrada por el grupo parlamentario socialista -que sortea con esta fórmula los informes preceptivos del Consejo de Estado o del CGPJ- la determinación de legislar 'ad hoc' saltándose, según describe un magistrado, la regla «inveterada» por la cual «un procedimiento acaba con la norma con la que se empezó».

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Una reprobación que explica el desconcierto por la introducción de la disposición adicional que determina que la ley, si se aprueba, se aplicará no solo a procesos futuros, sino a los ya «en curso»; es decir, a los abiertos a Begoña Gómez y David Sánchez. Y un jurista apunta también a una posible inconstitucionalidad de la norma dado que se restringe al límite el ejercicio de la acusación popular -amparada en el artículo 125 de la Carta Magna- y ello podría socavar el derecho a la tutela judicial efectiva protegido en el otro precepto -el 24- de la ley de leyes.

Todas estas reservas confluyeron, en una coincidencia infrecuente, en las asociaciones judiciales. La APM, mayoritaria en la carrera y de inclinación conservadora, apuntó a que la proposición del PSOE parece buscar «la impunidad» en casos concretos y, aunque admitió que en ocasiones la acusación popular ha derivado en conductas «abusivas» como denuncian los socialistas, también recordó que gracias a ella se han destapado tramas corruptas.

La asociación moderada Francisco de Vitoria compartió la advertencia de que se pretende inutilizar una figura constitucional, censuró, por mala, la técnica legislativa y censuró también otro aspecto de la norma: que pueda recusar a un juez por expresar una consideración política. Reticencias, todas o parte, que también albergan la progresista Juezas y Jueces para Democracia y Foro Judicial Independiente.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, considera una «limitación excesiva» la proposición de ley socialista respecto a las acusaciones populares, según Europa Press. Pero, sobre todo y dado «el carácter retroactivo de esta norma procesal» -en contra de «la regla general en el derecho procesal-transitorio»,. apostilla-, entiende que «tiene una intencionalidad clara» afectando a procedimientos judiciales concretos «por nombre y apellidos que están ahora mismo ya en marcha», en referencia a los casos de la esposa del presidente y de su hermano.