La justicia balear investiga al juez que intervino los móviles a periodistas

La Sala Civil y Penal, presidida por el magistrado Antonio José Terrasa, considera que en la querella hay indicios para investigar al titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca por los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y otro contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La instructora de la querella será la magistrada Felisa Vidal, a quien corresponde por turno y que se hará cargo de las actuaciones. Los magistrados de la Sala han declarado el secreto de las presentes actuaciones.

Los hechos ocurrieron el pasado martes. Agentes de la Policía Nacional se personaron en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del 'caso Cursach'.

Se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la filtración de un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre un presunto fraude fiscal del empresario Bartolomé Cursach, dueño de algunas de las discotecas más conocidas de la isla. De forma posterior, los agentes también requisaron, por orden del juez Florit, el teléfono móvil personal de un periodista de Diario de Mallorca que investiga este caso.

En el caso de la redactora de Europa Press, se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos, pero los agentes le negaron esa posibilidad. Un día después se presentó una querella contra el juez Florit que ahora ha sido admitida a trámite.

En paralelo, la defensa de la agencia de noticias ha pedido mediante un recurso que se deje sin efecto la instrucción de Florit y se acuerde «la inmediata devolución a sus propietarios» de los materiales decomisados y que se «elimine cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismo».

La orden judicial provocó la rápida reacción de colectivos de periodistas, la Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a 80 asociados, y de los propios profesionales especializados en tribunales. Remitieron sendos escritos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial denunciando la grave violación del secreto profesional del periodista, recogido en el artículo 20 de la Constitución. La protesta culminó el pasado viernes con una concentración frente al Tribunal Supremo, donde se leyó un manifiesto con el lema: 'Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información'.

Por su parte, los abogados de algunos acusados han sido muy críticos con la reiterada filtración de informaciones bajo secreto de sumario y han contabilizado más de 30, elevando las respectivas quejas, desde que se produjeron las primeras detenciones en febrero de 2017.