'Caso Cusarch', la macrotrama de corrupción que amenaza a la prensa

El 'caso Cursach', explican los investigadores, en realidad son decenas de casos unidos por un único denominador común: las andanzas de este empresario para hacerse con el control del ocio nocturno en la capital palmesana y en la vecina Calviá. Cursach, que salió en libertad preventiva el pasado abril tras pasar trece meses en la cárcel y pagar una fianza de un millón de euros, está ya imputado por 16 delitos, entre ellos, cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. Junto a él, hay otro centenar de personas imputadas, la gran mayoría por dejarse 'comprar' por el magnate.

Los informes de esta abultadísima causa hablan de todo tipo de ilegalidades y sobornos durante 20 años a policías locales y políticos, como el exdelegado del Gobierno y exconsejero de Interior, José María Rodríguez. Orgías con prostitutas, droga por doquier, pagos en metálico, regalos. Todo tipo de sobornos supuestamente para favorecer los negocios de discotecas y locales de copas de Cusarch frente a la competencia.

Pero no solo sobornos, también coacciones. Los cuatro años de investigaciones del 'caso Cursach' están plagados de capítulos de agresiones o intimidaciones a cualquiera que se enfrente al entramado. Las identidades de los testigos protegidos -cuyo testimonio es clave, como en las grandes investigaciones mafiosas, para sostener las acusaciones- han sido aireadas por toda la isla. Incluso, ha habido agresiones, ya juzgadas y condenadas, por parte de empleados a testigos.

Que en el 'caso Cursach' se juega con fuego da cuenta la autorización para que el anterior juez instructor de la causa, Manuel Penalva, y el fiscal que dirige la acusación, Miguel Ángel Subirán, pudieran portar armas para su protección. Ambos, desde el comienzo de la investigación, han sufrido todo tipo de presiones. Incluso varios centenares de personas, la inmensa mayoría empleados del empresario, se manifestaron a las puertas del juzgado tras el lema 'Corrupción en el Juzgado de Instrucción', al tiempo que reclamaron la detención e inhabilitación del juez y del fiscal.

Las presiones de los acólitos de Cursach no consiguieron el arresto del juez Penalva, pero los abogados de la trama sí que terminaron por lograr apartar de la causa al instructor el pasado marzo. Tras tres años investigando a la red, la Audiencia Provincial de Baleares le quitó la causa al estimar el incidente de recusación presentado por la defensa de la mano derecha de Cursach, Bartolomé Sbert por poner en peligro su «apariencia de imparcialidad» al cruzar mensajes de texto particulares con una de las testigos protegidas, la madame del prostíbulo que confesó que el 'rey de la noche' pagaba orgías a políticos del Partido Popular. Ese testimonio poco a poco ha ido perdiendo consistencia, ya que la regente del club de alterne ha ido inexplicablemente suavizando sus acusaciones.

La llegada del juez Miquel Florit, el magistrado que esta semana ordenó incautarse de los móviles de los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press, no ha mejorado las cosas. Las coacciones continúan y los acusados se sienten todavía más fuertes, sobre todo después de ver cómo el instructor y la Fiscalía han aceptado su petición de investigar las fuentes de los periodistas que informan sobre el caso.

A partir de ahora, los reporteros que osen a airear las irregularidades de las que se acusa a Cursach y a los suyos saben que corren el riesgo de quedarse sin móvil y, sobre todo, sin fuentes informativas.