El independentismo encarga un informe jurídico antes de decidir si desobedece a Llarena

Llarena ordenó la suspensión de forma inmediata, pero los grupos parlamentarios de la Cámara catalana y el Parlamento en sí aún no han recibido la notificación judicial, por lo que el informe jurídico sobre cómo se aplica la suspensión es de carácter preventivo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció ayer que «no pedirá a ninguno de los diputados afectados por el auto del magistrado del Supremo que abandone su acta».

La mesa de la Cámara, a la que la CUP pide que desobedezca la suspensión de Llarena, gana tiempo y no tomará ninguna decisión hasta que no le llegue la notificación del Tribunal Supremo y disponga del informe jurídico que ha encargado.

El auto de Llarena afirma que los seis diputados secesionistas «han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando». Y añade que la mesa debe «adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal». El juez recalca que la suspensión es automática y deja al Parlamento la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas. JxCat y la CUP avisaron ayer que podrían no aplicar automáticamente la suspensión dictada por el juez Pablo Llarena, sino que sea la Cámara catalana quien someta a la votación del pleno esta decisión y que sean los 135 diputados los que tengan la última palabra.