El Govern carga contra la Fiscalía por cuestionar las salidas de los presos del 'procés'

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Ester Capella ha señalado que la decisión de conceder el 100.2 corresponde a los profesionales de las juntas de tratamiento de los penales y ha asegurado que se trata de funcionarios «independientes». «Solo estamos aplicando lo que dice la ley», se ha escudado. Según Capella, es «un mantra» que el régimen de semilibertad sea un permiso extraordinario. Y ha asegurado que la concesión de esta medida no exige que el reo haya cumplido una cuarta parte de su pena ni influye que haya sido sentenciado con condenas altas. El fiscal de la Sala II del Tribunal Supremo (TS), Fidel Cadena, ha señalado esta mañana que recurrirá todos los permisos en virtud del 100.2. Según las cifras que ha aportado la consejera de la Generalitat, en estos momentos hay unos 8.300 presos en cárceles catalanas, de los cuales 406, en torno al 5%, disfrutan del mismo régimen de semilibertad que los reos del 'procés'. El 25% del total de presos, según Justicia, está en tercer grado penitenciario y en torno al 15% están de forma preventiva.

En relación con la investigación de la Fiscalía sobre si el trabajo que Oriol Junqueras desempeñará en la Universidad de Vic podría vulnerar su condena por inhabilitación, pues existen dudas acerca de si el centro universitario puede considerarse un organismo ligado al sector público, la consejera de Justicia ha querido zanjar que se trata de una fundación privada y el centro no tiene carácter público.

Capella se ha referido también a la posible reforma del código penal por parte del Gobierno central, que podría beneficiar a los presos. Si su intención es reformar el Código Penal, que se ajuste al siglo XXI, ha señalado la consejera. «Y que abandone figuras jurídicas ajenas a la cultura democrática de un país», ha asegurado sobre el delito de sedición.