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CRISTIAN REINO
Martes, 3 de marzo 2020, 11:06
La sala civil y penal del TSJC ha citado esta mañana a declarar como investigados al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y a un sargento de los mossos d'esquadra (Lluís Escolà) por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación ... de fondos públicos, como consecuencia de la querella presentada contra ambos por la Fiscalía Superior de Cataluña. La denuncia, impulsada en un primer momento por Ciudadanos, acusa a Buch de haber nombrado como asesor al policía Lluís Escolà, para que presuntamente siguiera haciendo servicios de escolta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su huida a Bruselas. Buch tendrá que comparecer el próximo 25 de marzo y Escolà, al día siguiente.
La Fiscalía cifra en 52.712 euros la cantidad presuntamente desviada por la remuneración que el agente recibió como asesor, entre julio de 2018 y marzo de 2019. La querella del Ministerio Público detalla que el sargento de los Mossos fue nombrado asesor de la Consejería del Interior el 27 de julio de 2018. Sus funciones eran asesorar al consejero de Interior en una pluralidad de materias, tales como la implantación y diseño de sistemas de seguridad corporativos, la mejora de sistemas de seguridad institucionales o la coordinación de acciones relativas a la participación en proyectos de investigación. La Fiscalía cree, en cambio, que su nombramiento constituiría un acto de «arbitrariedad», por exclusiva voluntad de Buch, y que su objetivo era procurar, con cargo a fondos públicos, un servicio de escolta permanente a Puigdemont, una vez dejó de ser presidente de la Generalitat.
Después del cese, en virtud del 155, de Puigdemont, el sargento le ayudó a huir a Bélgica. Asuntos Internos le abrió un expediente y fue reasignado a la comisaría de Martorell. Según la querella de la Fiscalía, entre el 30 de octubre de 2017, el día que Puigdemont marchó a Bélgica tras declarar la independencia, hasta el 20 de julio de 2018, el querellado habría realizado numerosas salidas al extranjero al objeto de prestar labores de custodia y de seguridad para Puigdemont. Recibió una sanción del cuerpo, pero poco después se aprobó crear el puesto de trabajo de «personal eventual asesor en materia de seguridad, adscrito al gabinete del conseller», según recoge la querella del Ministerio Público.
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