El Gobierno vuelve a acelerar sus contactos con Junts por la amnistía y habla de acuerdo seguro

Después de días de cierta zozobra y escepticismo tras la votación del pleno del Congreso en la que Junts decidió votar en contra del texto ya pactado para devolverlo a la Comisión de Justicia, fuentes gubernamentales expresaron ya a finales de la semana pasada su confianza en un deselance favorable a sus intereses. Confiaban en que Carles Puigdemont recibiera la decisión del Parlamento Europeo de pedir, el pasado jueves, que se investiguen las conexiones del independentismo catalán con Rusia como un acicate para ceder, en lugar de enrocarse en su posición de frenar la tramitación de la ley si no se garantiza que también serán amnistiados los delitos por los que está siendo investigado, los de terrorismo y traición al Estado.

En Junts aseguran que la resolución de la Eurocámara («el PP en campaña», dicen) no ha influido en su postura, pero es cierto que apenas 24 horas después, el eurodiputado y exconseller catalán también prófugo de la justicia en Bélgica, Toni Comín, alentó la idea de que la negociación estaba ya encauzada. «Va a haber ley de amnistía, sin ninguna duda», dijo. «Tengo la convicción de que las líneas rojas del Gobierno y nuestras, la constitucionalidad de la ley y que cubra a todo el mundo, son compatibles», añadió.

Bolaños, que este miércoles tuvo una intensa agenda de trabajo en Barcelona, se expresó en términos muy similares en una entrevista en la emisora catalana Rac1. El ministro se aferró a la necesidad de mantener sus conversaciones con Junts en la «discreción» para no contar cuál es la fórmula en la que se está trabajando pero subrayó: «Compartimos un objetivo, que es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todo el mundo que estuvo involucrado en el 'procés ' y que se acaben los procedimientos judiciales que tienen para poder abrir una nueva etapa en Cataluña». «Y no tengo ninguna duda – añadió- de que habrá acuerdo».

Si hace diez días desde la Moncloa se admitía que quizá habría que pedir una ampliación del plazo otorgado por la Mesa del Congreso para elevar un nuevo texto al pleno, el 21, ahora se confía en que no sea necesario. En todo caso, el órgano parlamentario no ha sido aún convocado para una próxima reunión.