Un Gobierno vasco dividido recurre al Constitucional la Ley de Vivienda de Sánchez

Como ha informado el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno sostiene que «la ley estatal ocupa el ámbito vasco para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda, generando inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar».

La decisión tiene un marcado un hondo calado político ya que la de vivienda fue una de las últimas leyes estrella impulsada por el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez antes de agotar la legislatura. Una norma avalada finalmente por Podemos, Esquerra y EH Bildu que contó con la férrea oposición del PNV, que no dudó en hacer bandera de este asunto en las pasadas elecciones municipales y forales del 28 de mayo.

Y ahora, cuando sólo han pasado tres días de los comicios generales, el Gobierno vasco decide adentrarse en un camino políticamente muy delicado, como evidencia el hecho de que los tres consejeros vascos del PSE se han desmarcado. Entre ellos está el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola.

En concreto, los servicios jurídicos del Gobierno recurren siete artículos de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales. El informe jurídico pone de manifiesto que con la nueva ley, «el Estado ocupa nuestro espacio para poder desarrollar políticas propias en materia de vivienda, generando, al mismo tiempo, inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar».

El Departamento dirigido por la consejera Olatz Garamendi considera que que el Gobierno central «pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda, o regular en profundidad las acciones públicas promotoras de vivienda o la política pública de acceso a la vivienda, de modo que a la Comunidad Autónoma Vasca solo le queda ser mera ejecutora». «La competencia normativa vasca en materia de vivienda queda vaciada completamente», advierten.

El informe jurídico señala además que el Estado ha aprobado una ley por el derecho a la vivienda cuyo contenido en gran medida se encuentra recogido y está bien regulado con carácter previo por la CAV, a través de la Ley Vasca 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Esta ley aprobada por el Parlamento vasco fue validada por el Tribunal Constitucional, que confirmó la competencia de Euskadi para la aprobación de la ley vasca.

La norma estatal, explican, establece reservas de suelo destinadas a VPO en un alto porcentaje, vulnerando la jurisprudencia constitucional al respecto. También se asegura que hay «una contradicción» entre leyes en cuanto al destino necesario del patrimonio público del suelo, en tanto que la norma estatal establece que las cesiones de suelo libres de cargas de urbanización han de ir, en exclusiva, dirigidas a construcción de viviendas sociales, mientras que la ley vasca permite otros destinos. Por ello, «queda limitada la capacidad de decisión de Euskadi en políticas de su competencia exclusiva».

En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, se concluye que «la regulación del Estado viene a ocupar el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca, según la capacidad que competencialmente tiene Euskadi para establecer su propio modelo en esta materia. Cierra la posibilidad de tal desarrollo y, además se reserva funciones ejecutivas».