El Gobierno se topa con el no de policías y guardias civiles a ser amnistiados por el 1-O

La controversia parte de que Junts, ERC, el PDeCAT y la CUP, en su proposición de ley de marzo de 2021 sobre una «ley orgánica de amnistía y de resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado Español», incluyeron expresamente un artículo, el tercero, sobre el perdón para los funcionarios del Ministerio del Interior que fueron parte del despliegue 'Copérnico-Avispa' contra la consulta ilegal.

Aquella propuesta, que fue inadmitida a trámite porque los letrados del Congreso zanjaron que se trataba, en realidad, de un indulto general encubierto expresamente prohibido por la Constitución, recogía que «también quedarán amnistiados los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad por los actos generadores de causas penales o expedientes administrativos disciplinarios en curso o conclusos» en el marco de la represión policial al órdago independentista. La iniciativa parlamentaria, que sigue siendo la hoja de rura del independentismo para encarar su negociación con Pedro Sánchez, abundaba en que esa amnistía, además, debía borrar cualquier referencia o reproche en las «hojas personales de servicios» de los agentes.

Cuando los partidos independentistas formularon su propuesta, cerca de un centenar de policías y guardias civiles estaban encausados en una docena de juzgados por las cargas del 1-O. Sin embargo, en la actualidad una supuesta amnistía como la que reclama Puigdemont solo afectaría a 45 policías nacionales, después de que en enero de este año el Juzgado de Instrucción número siete de Barcelona les procesara tras sobreseer la causa con respecto a otros 20 investigados por los incidentes en los colegios de la ciudad condal. Estos 45 agentes son los únicos que siguen imputados después del archivo de todas las demás causas.

«Los policías que actuaron el 1-O lo hicieron de acuerdo a la legalidad vigente, cumpliendo órdenes del Gobierno de España y un mandato de la justicia, por lo que no tendrían que necesitar amnistía de ningún tipo», señala Aarón Rivero, líder de Jupol, el sindicato con más afiliados del CNP.

«No vamos a tolerar que se nos equipare con un séquito de delincuentes», apunta el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jacobo Rodríguez, para quien una amnistía, además de «vulnerar el principio de igualdad entre los españoles», supondría poner en el «mismo plano a los que agentes que hicieron por defender la Constitución y a los que la violentaron».

Casi de idéntica opinión es José María Benito, secretario de Acción Sindical de la Unión Federal de Policía (UFP). «Una amnistía es tanto como considerar que hubo delitos por ambos lados y en el 'procés', en realidad, solo hubo una víctima, que fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, atacadas y acosadas por cumplir con su trabajo», apunta Benito. «Una amnistía significaría reconocer que las órdenes a las fuerzas de seguridad fueron ilegítimas. El Gobierno está autorizado a perdonar delitos a delincuentes condenados, pero no tiene autoridad para decidir qué es o no delito», denuncia por su parte Ernesto Vilariño, el secretario general de Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil.