El Gobierno seduce a sus socios en un 'plan de regeneración' condicionado a la legislatura

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, evitó hoy avanzar cuáles serán los primeros asuntos en llevarse a la Cámara en un momento en el que garantizar el respaldo parlamentario se presenta complejo dada la heterogeneidad del bloque de investidura y la actitud en la que, sobre todo, parece instalado Junts tras haber visto truncadas sus aspiraciones de recuperar la Generalitat por el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa. Bolaños se ha limitado a afirmar que el horizonte de implementación de las medidas abarca «los tres años de legislatura que tenemos por delante», lo que en la práctica implica una suerte de incentivo a sus aliados para que no dejen caer al Ejecutivo.

La estructura central de lo que el propio ministro describió como una "hoja de ruta" a la que todavía falta mucha concreción, ya fue avanzada por Sánchez el pasado mes de julio en una comparecencia parlamentaria. Entonces, el presidente del Gobierno se esforzó en limar el marco en el que él mismo la había situado el debate al declararse víctima de los ataques de una "máquina del fango" formada por 'pseudomedios' y poderes económicos y políticos de la derecha y se centró en la necesidad de desarrollar la ley europea de libertad de medios, apoyada también por el PP en Estrasburgo, y que, entre otras cosas, impone a estos la obligación de ser transparentes sobre su propiedad, financiación y publicidad y exige a las administraciones una asignación equitativa de la publicidad pública.

Sánchez también planteó en aquella intervención la necesidad de reformar las normas que regulan el derecho al honor y el derecho de rectificación, habló de obligar a las casas de encuestas a publicar los microdatos de los sondeos electorales y la metodología de estimación de resultados, de establecer por ley que en toda campaña electoral haya un debate entre los candidatos en los medios de comunicación o de establecer sanciones para los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades.

A esas medidas se han añadido ahora algunas de las demandas planteadas por los socios de investidura, que ya advirtieron en julio de que veían en el Gobierno poca ambición. Una de ellas, la "discriminación positiva" en el reparto de publicidad institucional para los medios que empleen lenguas cooficiales. No hay, en contra de lo que algunos de esos aliados desearían, nada relativo al Poder Judicial, al que muchos de ellos acusan de servir a la derecha. El ministro Bolaños - que junto al titular de Cultura, Ernest Urtasun, por parte de Sumar, ha pilotado las conversaciones con los grupos- argumentó que tampoco lo había en el plan europeo y que ya el pasado abril se abordaron (con el PP) cuestiones relativas a ese ámbito que permitieron poner fin a cinco años de bloqueo en la renovación del CGPJ.

Los guiños a los socios van por otros derroteros, aunque nada garantiza que a la hora de la verdad vaya a ser posible el acuerdo. La exigencia de que se despenalicen las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado viene de muy lejos. El PSOE ya ha aceptado su debate en el Congreso en tres ocasiones; una en esta legislatura a propuesta de Sumar y dos en las anteriores, en 2018 y 2021, a instancias de Podemos y al calor de los casos de los raperos Pablo Hàsel o Valtonyc. La tramitación de las iniciativas planteadas por Podemos, sin embargo, se fue retrasando hasta que decayeron. Hoy Bolaños remarcó que lo que se quiere garantizar la "libertad de expresión y creación de los artistas" pero eludió aclarar que las injurias a la Corona estén incluidas en su plan.

Tampoco el anteproyecto de reforma de la ley de secretos oficiales que el Gobierno aprobó la legislatura pasada y ahora servirá de base para el debate satisfizo en su momento al PNV, que lleva años haciendo de este asunto uno de sus principales caballos de batalla, ni a Podemos, que consideraba demasiado largos los plazos para la desclasificación de documentos (de 4 a 50 años en función del grado de protección) . Ambos coincidieron en tildarlo de "decepcionante".