El Plan de Acción por la Democracia de Pedro Sánchez en 17 puntos

Bajo la premisa de que la «ciudanía tiene que disponer de información directa y fácil sobre cómo funcionan las administraciones» con el fin de «fiscalizarlas» y «evitar la corrupción», Moncloa propone:

1. Estrategia de Gobierno Abierto, cuyas líneas generales se desconocen por el momento.

2. Creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. En principio, debería ser una medida complementaria a Ley de 2023 'reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción', aunque la forma que le quiere darle Moncloa a esta oficina todavía no está clara.

3. Rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno.

4. Reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Esta reforma ya fracasó en la pasada legislatura, entre otras cuestiones porque los socios del Gobierno –como ERC, PNV, Bildu o Junts- no estuvieron dispuestos a dar su voto a las cuestiones más controvertidas del nuevo texto, que además era los temas medulares de la nueva ley, como que los altos secretos pudieran mantenerse clasificados durante 50 años, ampliables a 65.

El Ejecutivo, en este bloque dice defender que haya «medios libres y de calidad y con fuentes fiables y diversas de información» porque, sino, argumenta, «no hay democracia». Por ello, quiere poner en marcha las siguientes medidas:

5. Creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben.

6. Obligación de que las Administraciones Públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria. En realidad, ya todas las instituciones públicas tienen obligación de hacer públicas anualmente sus cuentas, con el desglose por capítulo de sus gastos.

7. Reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. La actual ley de Publicidad y Comunicación Institucional es de 2005 y fue promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero

8. Reforma de esta Ley de Publicidad Institucional para garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad. En la actual legislación no se fijan en ningún caso como deben ser los sistemas de medición de audiencias.

9. Impulso de la Ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes. En la actualidad, no obstante, los informadores tienen derecho a negarse a declarar ante un juez a revelar sus fuentes, aunque sin el respaldo efectivo de una normativa 'ad hoc'.

10. Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Es uno de los puntos más controvertidos del plan y del que hay menos información. Ya desde el inicio de la pandemia en 2020, Sánchez comenzó a poner en su punto de mira la lucha contra estas supuestas campañas de bulos y noticias fakes. Ya en mayo de 2022 creo el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, cuyos objetivo reales y competencias siguen sin estar demasiado claros.

11. Reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos. En el Código Penal, el apartado, de delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, se castiga con hasta un año de cárcel la ofensa de esos sentimientos religiosos. Por su parte, el artículo 490 del Código Penal castiga con hasta dos años de cárcel la calumnias e injurias a la Corona. Como ocurre con la reforma de secretos oficiales, el Gobierno ya fracasó en la anterior legislatura en su afán por despenalizar estos delitos.

12. Reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación. La ley orgánica del derecho al honor data de 1982 y, obviamente, no contemplaba la irrupción de las redes sociales y los otros medios de comunicación surgidos en los últimos años a través de internet. Su redacción se ha quedado obsoleta, según admiten todas las fuentes consultadas.

13. Límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones. Sobre este tema, también muy controvertido, Moncloa no ha facilitado más información de cómo se van a fijar esos límites.

En su plan, el Gobierno recoge que «el sistema político y electoral debe ser transparente para mejorar su funcionamiento, evitar conflictos de intereses y reforzar la transparencia del proceso legislativo y sus principales actores». En esa línea propone como medidas:

14. Ley de grupos de interés para conocer la influencia de cada sector en la elaboración de las leyes. Se trata de otra idea que no salió adelante en la pasada legislatura. El 8 de noviembre de 2022 el Consejos de Ministros aprobó Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que obligaba a los denominados «lobbies» a inscribirse en un registro y seguir unas normas para relacionarse con la administración pública. Finalmente, aquel texto se quedó en el cajón.

15. Obligación a realizar el Debate sobre el Estado la Nación y debates en campaña electoral. El Debate sobre el estado de la Nación es una costumbre parlamentaria, pero la obligatoriedad de su celebración ni su formato está recogido ni en la Constitución ni en ninguna normativa.

16. Obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales. El Gobierno argumenta que solo el CIS siempre hace públicos esos microdatos, mientras que las empresas privadas no suelen enseñarlos.

17. Fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada.