El Gobierno declara secreto de Estado la exhumación de Franco

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Presidencia, decidió a principios de año decretar un verdadero apagón informativo sobre la polémica exhumación, hasta el punto de que en el Portal de Transparencia, la única vía oficial que los ciudadanos tienen para recabar información veraz al Estado, se han abierto desde el pasado febrero siete expedientes diferentes «denegatorios» sobre peticiones de datos sobre el futuro traslado del cadáver.

Según los documentos que obran en poder de este medio, los dos cargos gubernamentales responsables de responder la solicitud de información de los ciudadanos en este asunto (la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo) están recurriendo continuamente al artículo 14 de la Ley de Transparencia de 2013 que es el que faculta al Ejecutivo a hurtar a sus ciudadanos información en cuestiones que puedan dañar la «seguridad nacional», la «defensa», las «relaciones exteriores» o «la seguridad pública», entre otras cuestiones.

Así las cosas, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha considerado que no debe entregar a un ciudadano, por ser secreto de Estado, el expediente administrativo que se generó en el Consejo de Ministros del 21 de agosto de 2018 que dio luz verde a la exhumación. Tampoco hará públicos los «documentos y actos administrativos» ligados a aquel Real Decreto ley 10-2018 que inició el procedimiento para sacar a Franco del valle.

El Ejecutivo no se explaya a la hora de justificar al veto al acceso de la ciudadanía a esa información sobre el futuro de los restos del dictador. Se limita a decir que ese expediente que activó la controvertida exhumación es una «información sensible». Justicia, a pesar de que reconocer que «concurre un especial interés público», afirma, no obstante, que este «interés público no justifica el acceso a la misma». La única información para no facilitar esos datos es que ese expediente puede contener «informes jurídicos» con «elementos, análisis y conclusiones jurídicas» que forman parte de los procedimientos judiciales en curso relacionados con la exhumación.

Justicia alega que informar a la ciudadanía sobre los argumentos jurídicos del Estado para sacar a Franco del Valle «podría lesionar los principios de igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva». Según el departamento que dirige Dolores Delgado, en la actualidad el Estado está inmerso en quince procedimientos judiciales por este asunto en ocho juzgados diferentes de Madrid.

Las negativas están siendo también persistentes a la petición de información de diversos particulares a conocer el contenido exacto de la correspondencia que el Ejecutivo mantuvo a principios de año con el Vaticano sobre este espinoso asunto.

En particular, tanto el ciudadano Daniel L.M., como el abogado Isaac I.G. reclamaron copia a Moncloa de la carta que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dirigió el 18 de enero al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en la que se trataron supuestamente diversos aspectos de la exhumación de Francisco Franco, entre ellos la posición del prior de la Abadía del Valle de los Caídos. También pidieron conocer el contenido exacto de la respuesta de Parolin el 14 de febrero de 2019 a la carta de Calvo.

«Un principio básico de las relaciones internacionales entre Estados es el carácter confidencial de las comunicaciones que se mantienen entre ellos y que se canalizan normalmente a través de cartas o de notas verbales», esgrimió el Gobierno. «La publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países», se escudó el Ministerio de la Presidencia, al tiempo que recordaba que «el Vaticano es a todos los efectos un Estado soberano y que mantiene relaciones diplomáticas plenas con España».

Todas las peticiones de información rechazadas por el Gobierno se cursaron en febrero y marzo de este año, mucho antes de que a inicios de este mes de junio el Supremo decidiera paralizar cautelarmente la exhumación a petición de la familia del dictador.

Las reticencias continuas del Ejecutivo a escudarse en cuestiones de Estado para no dar detalles sobre sus gestiones en este asunto han terminado irritando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el pasado miércoles dio un plazo de diez días al Ejecutivo de Sánchez para que haga pública, al menos, la correspondencia que mantuvo con la Santa Sede.

Solicitantes de información sobre otros aspectos de la exhumación de Franco también han presentado recursos contra la decisión del Gobierno de mantener un absoluto apagón informativo sobre el controvertido traslado de los restos del exjefe del Estado.