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El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco Bahamonde, que iba a llevarse a cabo el 10 de junio a las 10 horas según la decisión tomada por el Gobierno.
El tribunal de ... la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta por cinco magistrados, ha alegado en su auto que la admisión de la medida cautelar «tiene por objeto evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».
La decisión no es definitiva, solo temporal, hasta que el tribunal entre en el fondo y resuelva en sentencia los pormenores del litigio entre el Gobierno y las partes recurrentes: la familia Franco, la Fundación que lleva su nombre o la comunidad benedictina del Valle de los Caídos.
Fuentes del Ejecutivo socialista han señalado que la resolución «no es ninguna tragedia» y estiman unos dos meses para conocer la sentencia, aunque dan por hecho que la familia del dictador llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El tribunal ha estado presidida por Jorge Rodríguez Zapata e integrado por los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero.
El auto incluye un polémico dato que causó ayer revuelo en las redes sociales. La resolución señala que el dictador fue «jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento, el 20 de noviembre de 1975». La Sala legitima así el nombramiento de Franco por parte de la Junta de Defensa Nacional, apenas tres meses después del comienzo de la Guerra Civil, a pesar de que el Gobierno republicano, presidido por Manuel Azaña, conservó su legitimidad hasta el final de la contienda.
Los recursos que deben aún resolver se presentaron contra el acuerdo por el que el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia del dictador accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena para inhumar de nuevo los restos de su abuelo.
Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en Madrid, y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.
Tanto la familia como la Fundación Francisco Franco y el resto de recurrentes apelaban al daño que se causaría si se trasladan los restos del dictador antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Es decir, si se trasladan esos restos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio y luego el tribunal resuelve que han de regresar al Valle de los Caídos.
La Fundación Nacional Francisco Franco ha expresado este martes su «satisfacción» por la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos hasta que corte no resuelva sobre el fondo del asunto.
Los nietos de Franco se oponen a sacar a su abuelo del Valle de los Caídos. Y sólo si esta decisión es avalada por el Supremo, han designado como lugar para la inhumación la cripta de la catedral de La Almudena, donde la familia posee unas sepulturas a perpetuidad, que ocupa ya la fallecida hija única de Franco, Carmen.
En línea con lo expresado por el resto de las partes interesadas (la familia Franco, la comunidad Benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos), la Fundación Franco considera ilegal el real decreto ley que inició el procedimiento para exhumar los restos del dictador, una operación que califica de «bravuconería» y que responde a un «afán» del Gobierno de Pedro Sánchez de «fomentar la crispación», «reabrir heridas y enfrentar a los españoles»,
Alega que este decreto es «contrario a la doctrina constitucional sobre la prohibición de leyes singulares», al considerar que está hecha única y exclusivamente para sacar del Valle de los Caídos a Franco y no así a otras personas enterradas allí y que no murieron como consecuencia de la Guerra Civil, como es el caso de algunos monjes.
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