El Gobierno saca la artillería diplomática contra el victimismo del 'procés'

Encontrarse con todas las puertas cerradas en el extranjero fue lo que, además de la absoluta incapacidad para sostener un estado propio, obligó a Carles Puigdemont a suspender la independencia segundos después de la proclamación.

No obstante el secesionismo no ceja en el empeño de convertirse en un actor propio a nivel internacional. Su mejor arma, al menos la más utilizada, ha sido hasta ahora el victimismo de un pueblo oprimido por un régimen heredero del franquismo, poco menos que dictatorial. Fue un mensaje que tuvo de riesgo de calar tras las cargas policiales del 1-O.

El juicio en el Tribunal Supremo a doce de sus dirigentes ha colocado al separatismo en el centro de los focos de medio mundo, lo que supone otra gran oportunidad para hacerse un hueco internacional. Hasta 50 medios extranjeros se han acreditado para seguir el progreso de las vistas en el alto tribunal. La imagen sobre España que deje tras de sí este proceso puede resultar crucial si, en caso de una sentencia condenatoria, el caso acaba en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y esta es una baza con la que van a jugar buena parte de las defensas de los procesados.

Todas las fuerzas del independentismo, por muy desunidas que se encuentren, coinciden en la necesidad de internacionalizar el conflicto. Un árbitro extranjero es el sueño, pero, por el momento, ni está ni se le espera. La estrategia pasa por que los dirigentes fugados difundan el mensaje de que España es un estado represivo frente a una Cataluña democrática.

Puigdemont está a la cabeza de ellos, y parece poca casualidad que el comienzo del juicio le sorprendiera en Berlín. Y es que Alemania y Francia son la joya de la corona para lograr la ansiada mediación de la Unión Europea. El problema para el expresident y los suyos es que Berlín, al menos mientras Angela Merkel permanezca al frente de la Cancillería, mantiene que el problema catalán es un asunto interno español. Mucho menos posible es el respaldo de Francia, un estado centralista, jacobino y donde Puigdemont no se ha atrevido aún a poner un pie ante el temor a una posible detención y posterior entrega a España por rebelión.

Exconsejeros también huidos como Clara Ponsatí hacen campaña en Reino Unido, mientras Esquerra y PDeCAT mueven hilos entre sus aliados en la Eurocámara de Estrasburgo. Este martes, la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña, que reúne a una treintena de eurodiputados de diversa ideología, denunció que un juicio como el del 'procés' no tiene cabida en una España democrática. Aliados como la extrema derecha de la región belga de Flandes han cuestionado, incluso, la continuidad de España en el club comunitario por no respetar los derechos fundamentales.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido previsor ante lo que se avecinaba. Una de las primeras decisiones que anunció el jefe del Ejecutivo tras aterrizar en la Moncloa fue la designación de Josep Borrell como ministro de Exteriores. Desde entonces, el jefe de la diplomacia, catalán y convencido antisoberanista, se ha empleado a fondo para desmentir por tierra, mar y aire el relato independentista.

La orden la envió hace meses a todas las embajadas y ahora se han dado instrucciones para redoblar los esfuerzos. Allá donde un separatista trate de dañar la imagen de España debe haber un representante del Gobierno para dar la réplica y desmentirle.

La operación alcanza todos los niveles, incluso el más alto. La pasada semana Pedro Sánchez defendió ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, frente a las 'fake news' («relatos falsos»), existen una democracia y una independencia judicial plenas. El presidente lo afirmó en el mismo órgano internacional al que acudirá el independentismo si hay condena.

Borrell ofreció el domingo una entrevista a la cadena de televisión France 24 en la que se mostró contundente: «En España hay separación de poderes y la democracia española se encuentra muy bien considerada en la comunidad internacional, muy por encima de otros países europeos».

Tras el jefe del Ejecutivo y el ministro se encuentran cientos de funcionarios de Exteriores con una instrucción precisa: no dejar siquiera levantar la mano al independentismo al otro lado de las fronteras. De buena parte del resultado de esta operación diplomática dependerá el éxito y el fracaso de un bando u otro, el que se declara víctima de la represión o el que se proclama una de las mayores democracias del mundo.