Los líderes del 'procés' basan toda su defensa en la vulneración de derechos políticos

Así lo expusieron este martes los abogados defensores -este miércoles será el turno de las acusaciones-, en su particular lucha por enmendar las graves acusaciones de rebelión y/o malversación de caudales públicos que pesan sobre sus clientes. Con peticiones de pena que oscilan entre los siete y los 25 años de cárcel, nada menos.

La reiteradas referencias al sumario político era, no obstante, una estrategia previsible, tal y como habían plasmado los escritos de defensa. Pero el tribunal presidido por Manuel Marchena tuvo especial consideración en que los alegatos fueron expuestos sin cortapisas y con un único límite de tiempo: una hora y media para cada abogado.

Incluso algunos letrados, como el de Oriol Junqueras, principal procesado como «jefe principal» de la rebelión, se explayó largo y tendido contra el sistema de garantías de la jurisdicción española. «Esto es un vodevil procesal. Se están encausando caceroladas o el lanzamiento de aviones de papel, acciones de mera protesta», subrayó Andreu van den Eynde. «Se están criminalizando muestras de libertad de expresión. Es una causa general contra el independentismo catalán», remachó.

Pero ni por esas fue cortado por Marchena. Quizá pensando también en evitar cualquier discriminación del derecho de defensa ante una previsible «segunda vuelta» de la causa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese órgano supranacional en el que fían todas sus esperanzas los principales líderes independentistas.

A Estrasburgo, precisamente, ya dejaron este martes entrever que llegarán los letrados de Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull o Jordi Cuixart con términos bastante gruesos, dando por hecho de antemano una sentencia condenatoria.

Jordi Pina, defensor de los tres primeros, puso en duda la «falta de imparcialidad» de cuatro de los siete magistrados del tribunal, a quienes pidió que hicieran «de jueces y no de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento». Por su parte, Benet Salellas, letrado del presidente de la plataforma cívica Òmnium Cultural, aseguró que celebrar este juicio era «una derrota colectiva de la sociedad española», porque «se opone a la esencia propia del Estado de Derecho» y atenta contra derechos fundamentales como los de expresión o reunión.

El exdiputado de la CUP advirtió de que si el tribunal no era consciente de que los fiscales «han criminalizado» las movilizaciones populares, del 20 y 21 de septiembre y del 1 de octubre de 2017, Estrasburgo acabará pasando factura al Estado.

En suma, los abogados expusieron este martes ante la Sala unos mismos fines de partida, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de sus clientes, pero distintos medios para lograr la absolución.

Los extremos de las defensas estuvieron representados en el letrado de Junqueras y de Raül Romeva, de un lado, y en los de Joaquim Forn y Santi Vila, del otro. El primero, Van den Eynde, dio el pistoletazo de salida en el juicio. Como si se tratara de un ferviente hincha de un equipo de fútbol, se puso la camiseta amarilla de Esquerra Republicana, el partido de sus clientes, para hacer un alegato en favor del independentismo como «ideología legítima».

El penalista nacido en París en 1975 apoyó su intervención en la defensa del derecho de autodeterminación como «principio democrático» y recordó que la Constitución «impide criminalizar la disidencia política». Elevó el tono político conforme iba hilando sus argumentos. Aseguró que el debate «es si esta causa atenta contra la libertad de expresión o versa sobre un alzamiento público». Y afirmó que los catalanes protestan porque están «excluídos de determinadas decisiones». «Si no tenemos derechos a opinar, tenemos derechos a protestar», exclamó con vehemencia ante la atenta mirada de Junqueras.

En un tono áspero, este guitarrista de punk rock en sus ratos libres fue el que más ruido hizo en la sala. Hizo un repaso a la jurisprudencia europea sobre el derecho a decidir, pero se cuidó muy mucho en descalificar de forma directa al Supremo. «Autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra. Hay que devolver a los políticos la capacidad resolver este conflicto».

Como colofón, criticó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de sus clientes con un ejemplo muy gráfico: ese autobús de Ciudadanos que circula por España dando por condenados a los procesados y pidiendo al Gobierno que no les conceda el indulto. «Todo esto parece un Fort West», afirmó.

En contraposición a este aluvión argumental se posicionó Xavier Melero, abogado del exconsejero del Interior Joaquim Forn. «Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa o una alcoholemia. Estos señores aquí presentes, por ser quienes han sido y ostentar la posición que han ostentado, no tienen derecho a nada más, pero tampoco a nada menos», aseguró.

Impulsor hace una década de Ciudadanos, Melero adelantó que su defensa se centrará en criterios jurídicos y está convencido de que salvará a su cliente.

Más participativo estuvo el letrado de Santi Vila, el consejero que dimitió antes de la Declaración Unilateral de Independencia. Pau Molins -defensor a su vez de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'- criticó el procesamiento de su patrocinado, que no era aforado en el momento de producirse los hechos, y pidió al tribunal que no lo enjuicie al no estar acusado por rebelión.