El Gobierno busca una fórmula para modificar la ley del 'solo sí es sí'

El primer obstáculo, más allá de las diferencias ideológicas, es que un nuevo parche en la norma no podrá cerrar la brecha abierta por el principio legal recogido en el artículo 2.2 del Código Penal, que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. El cambio, por tanto, solo afectaría a quienes cometan delitos después de que la futura reforma haya entrado en vigor. Además supondría un reconocimiento expreso de que la ley del 'solo sí es sí' no era lo suficientemente «perfecta» que presumía la formación que encabeza Ione Belarra.

Independientemente de estas consideraciones, ambos socios de coalición comparten la «preocupación» por la alarma social que está generando la aplicación de la ley en los distintos tribunales y trabajan «conjuntamente» desde hace semanas en buscar una solución. Aunque en Ferraz dan por hecho que la norma estrella del Ministerio de Igualdad deberá ser modificada, desde Podemos explican a este periódico que por ahora «no hay ningún acuerdo».

Mientras se suceden estas conversaciones, socialistas y morados se cuidan de calificar en público el 'solo sí es sí' como «una conquista», pero con un matiz diferente. Sí en Ferraz reconocen que la norma ha tenido «efectos no deseados», en Podemos mantienen la carga de la culpa puesta sobre los jueces que, como afirmó este sábado la coportavoz de los morados, Isa Serra, en un acto del partido celebrado en Toledo «están pasando por encima de la ley». Otros dirigentes del partido, como Pablo Echenique, responsabilizan directamente a «sectores conservadores» de la presión que pesa sobre el ministerio que dirige Irene Montero para que se haya abierto este melón 115 días después de la entrada en vigor del precepto.

Lo cierto es que las críticas habían arreciado durante esta semana también desde sectores de la izquierda, como la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite; la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena; o la candidata en la capital de Más Madrid, Rita Maestre. Al ser cuestionada el viernes por esta cuestión, Montero mantuvo su defensa de la ley, de la que dijo que «es sólida y permite por primera vez al Estado dotar de protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales». Este sábado, en cambio, evitó pronunciarse sobre una futura modificación a la entrada de un acto en Palma en la que iba acompañada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha mantenido un perfil bajo frente a esta polémica.

Ninguno de los socios concreta por ahora las propuestas que se barajan. Desde Moncloa ya trataron en diciembre de limitar la retroactividad de las penas introduciendo una enmienda transitoria en la última reforma del Código Penal en la que se derogó el delito de sedición y se modificó el de malversación. Así lo recomendaba la Fiscalía General del Estado y algunas audiencias provinciales, aunque el alcance no ha sido el deseado ya que el único efecto de este parche es el de intentar aclarar la voluntad del legislador. «Un toque de atención a los tribunales para decir 'oiga, no me vayan por ahí'», describió entonces el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas el pasado 6 de diciembre, se abrió a hacer algún retoque técnico, pero la intención había quedado en barbecho hasta este sábado.

La noticia, paralelamente, ha dado alas a la oposición, que aprovecha para intensificar sus críticas contra la ley de Igualdad. Los populares pidieron este sábado una «rectificación de la ley» porque «no es una cuestión de izquierda o derecha». «No nos van a callar ni a frenar. Seguiremos denunciando, tras cada sentencia, los efectos de esta nefasta ley que ha beneficiado ya a más de 260 agresores sexuales», afirmó su secretaria general, Cuca Gamarra.