La excarcelación de un violador múltiple se suma a las 275 rebajas de pena ya por el 'sí es sí'

Para excarcelar al interno, la Audiencia de Lleida argumenta que no hay «disposiciones transitorias específicas» en la ley que obliguen a mantener las penas. Y los jueces recuerdan que debe aplicarse con carácter retroactivo la ley que más beneficie al reo. También en Lleida se han reducido las penas a un hombre que en 2019 fue condenado por abusos sexuales continuados a un menor, con una rebaja de 10 a 9 años de prisión, y a otros dos sentenciados por una agresión sexual continuada y cometida de forma conjunta; en su caso, la atenuación es de 12 a 11 años.

La razón siempre es la misma: al haberse reducido la pena mínima por estos delitos, los jueces sostienen que han de aplicar rebajas para que las condenas se mantengan en la mitad superior de la horquilla que prevé la ley. Por eso no todas las peticiones derivan en reducciones. La misma Audiencia, de hecho, ha descartado revisar la sentencia de un condenado a 7 años y medio por agresión sexual a un menor porque en su caso la ley actual prevé, como la anterior, penas de entre 5 y 10 años.

El número de reducciones de pena seguirá aumentando en las próximas semanas. En Madrid, por ejemplo, se han revisado hasta la fecha 218 causas de oficio y otras 148 sentencias a petición de parte. Hasta el momento se han atenuado las condenas en 41 casos (un 11,2%) mientras que 86 revisiones han sido desestimadas (el 23,5%). El resto sigue en tramitación. Por su parte, el Supremo confirmó este viernes la condena a 15 años de prisión impuesta a un padre por un delito de agresión sexual continuada con intimidación a su hijo en Galicia.

En otros casos las reducciones provocan puestas en libertad, como ha sucedido con el violador múltiple de Lleida. El número de excarcelaciones contabilizado hasta ahora por los tribunales superiores de justicia ya supera la veintena. El asunto se ha convertido en una de las mayores piedras en el zapato del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue descartando hacer ajustes en la ley. La ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoció la semana pasada que la ley «no ha tenido los efectos deseados», pero el Ejecutivo no se plantea la reforma al entender que, aunque se hiciera, los ya condenados podrían acogerse siempre a la normativa más favorable, la actual.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue enrocada pese a que las presiones no paran de crecer, también en la izquierda. Las críticas de Rita Maestre, candidata de Más Madrid a las municipales en Madrid, y de Manuela Carmena, exalcaldesa, han tensado una cuerda crítica que incluye a la líder de Podermos en Aragón, Maru Díaz, quien ha dicho sentir «rabia» por esta «tragedia». Pero Montero mantiene que se trata de un problema de «aplicación». «Es una ley sólida y necesaria. Compartimos la preocupación por las decisiones judiciales que no se corresponden con la ley ni con la voluntad del legislador, y estamos haciendo todo lo necesario para garantizar su correcta aplicación», defendió este viernes.