El Gobierno lleva ante el TC a Aragón por modificar la Ley de Memoria Democrática

El Ejecutivo de Sánchez, según ha explicado el ministro competente en esta materia, Ángel Víctor Torres, cimentará su recurso de inconstitucionalidad sobre la posible erosión del artículo 10 de la Carta Magna -el que consagra que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social»; y el 15, según el cual todos los españoles «tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Y en paralelo, se escuda en otro precepto -el 149, en sus disposiciones primera y tercera- para reclamar para el Estado la competencia exclusiva en la regulación que garantice «la igualdad» de los ciudadanos en «el ejercicio de los derechos» reconocidos constitucionalmente y en «el cumplimiento de los deberes constitucionales».

El Gobierno de PSOE y Sumar, que ya avanzó que su intención última era acudir a Constitucional si la Administración aragonesa no rectificaba en el marco de la Comisión Bilateral, oficializa su recurso en plena carrera hacia las europeas del 9-J y después de haberse acogido al dictamen elaborado hace unas semanas por tres relatores ante Nacionales Unidas en el que apunta a que las 'leyes de concordia' de los populares y Vox y «podrían vulnerar los derechos humanos» y «no respetan los estándares internacionales». El documento lleva la firma de Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz y, según constata la ONU, se trata no de un trabajo propio, sino redactado por los citados «expertos independientes que hacen este tipo de informes de forma voluntaria». «No expresan una postura oficial del organismo», explicó la organización multilateral en su momento.

El dictamen, más allá de su alcance, constituye un varapalo a los tres gobiernos del PP y Vox que exploran una normativa propia en torno a la memoria de la Guerra Civil y la dictadura franquista -el aragonés, el castellanoleonés y el valenciano- y fue asumido por el Gobierno como una palanca más para revisar la constitucionalidad de la misma. «Las llamadas »leyes de concordia« aprobadas (...) podrían afectar a la obligación del Estado español en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos», se lee en el documento, donde también se alerta de que las reformas legales pueden «invisibilizar» las «graves violaciones de los derechos humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».

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Miguel Ángel Alfonso

Los tres presidentes autonómicos aludidos -Azcón, Carlos Mazón y Alfonso Fernández Mañueco- rebatieron las acusaciones, al tiempo que Alberto Núñez Feijóo incidía en que su partido sí considera el franquismo una dictadura. El jefe del Gobierno aragonés llegó a cargar contra los tres relatores por «mentir» e incluir «errores de bulto», mientras el valenciano Mazón esgrimió las 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la «horrible dictadura franquista» que él ha firmado bajo su mandato para sugerir que los autores del informe «ni se habrán leído la ley» de su Ejecutivo. Para el castellanoleonés Fernández Mañueco, su «principal preocupación» es no distinguir a las víctimas de los dos bandos en lo que a reconocimiento se refiere.