Las principales divergencias entre socialistas y populares sobre la Memoria Democrática

Uno de los asuntos que generó más polémica fue el pacto del Gobierno con EH Bildu para sacar adelante la nueva legislación incluyendo la creación de una comisión para estudiar vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, el año de inicio de los GAL.

El informe de los relatores de la ONU, por el contrario, critica que las 'leyes de concordia' impulsadas por el PP y Vox no contengan una «condena» expresa a la dictadura de Franco o que, directamente, «eviten nombrarla». Una acusación que intentó sacudirse ayer el propio Alberto Núñez Feijóo denominando así a «los 40 años de franquismo».

Otra de las críticas que el Gobierno ha realizado a las 'leyes de la concordia' es la equiparación de la dictadura con la Segunda República. De hecho, en el ámbito de actuación de estas normas autonómicas se incluirán hechos acaecidos entre 1931 (proclamación de la República) y 1978 (aprobación de la Constitución). Según los populares, no se trata de equiparar a las víctimas de ambos regímenes, sino de rechazar cualquier vulneración de derechos con independencia de «quién, cuándo y dónde».

La Ley de Concordia de Aragón, que se aprobó en febrero y hasta ahora es la única que ha entrado en vigor, elimina el censo y el mapa de fosas y retira el inventario de lugares de memoria que se estaba implementando en la comunidad.Relato oficialPP y Vox critican, a su vez, al Gobierno por «imponer un relato oficial» sobre la Guerra Civil y la posguerra que «vulnera las mencionadas libertades públicas». Un argumento que los relatores de Naciones Unidas rechazan por entenderlo como «una invisibilización del franquismo».