El Gobierno confía en que la promesa de aumentar inversiones ablande a ERC y PDeCAT

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya puso esa disyuntiva sobre la mesa la semana pasada. Sin Presupuestos, Cataluña no percibirá los 989 millones adicionales correspondientes a las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica ni contará con dos décimas más de déficit respecto a 2018, lo que equivale a 490 millones. Además, se quedaría sin cerca de 339 millones que le corresponderían por la corrección del desfase en la recaudación del IVA y sin los 350 millones para infraestructuras y para financiar los Mossos d'Esquadra acordados hace dos semanas por el Gobierno y la Generalitat para 2019.

«Sería una absoluta contradicción ir a las comisiones mixtas para conseguir que se le reconozca a Cataluña aquello que por derecho le pertenece, pero no apoyar el instrumento que lo hace posible», argumentó la ministra. El Ejecutivo intenta poner en valor que durante el mandato de Mariano Rajoy no fue posible celebrar esos encuentros -estipulados en el 'Estatut'- mientras que ahora están dando frutos.

Este mismo lunes, la jornada en la que se reúne el Consejo de Ministros que debe aprobar el borrador presupuestario que se remitirá a Bruselas, está prevista la reunión de la comisión Estado-Generalitat sobre infraestructuras. La última tuvo lugar hace once años. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya concedió el miércoles en el Congreso que en los últimos años ha habido un déficit de inversión en Cataluña. Y esa es una de las bazas con las que pretende jugar Sánchez. Si le abocan a elecciones, no habrá garantías de que esa situación pueda ser revertida.

Hace muchos años que las fuerzas catalanas no están en semejante posición de fuerza para la negociación de las cuentas públicas. Rajoy tuvo mayoría absoluta en su primera legislatura y en la segunda le bastó con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, que supo aprovechar a fondo el valor estratégico de sus cinco diputados. A ERC y el PDeCAT les toca ahora elegir y no lo tienen fácil. El mundo independentista está muy dividido entre los que abogan por «aterrizar en la realidad» y los que insisten en que hay que hacer efectiva la república catalana. Pero las dos fuerzas han ido demasiado lejos en sus declaraciones como para que resulte fácil dar marcha atrás.

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, insistió ayer en que no negociará «nada» si el Gobierno no da orden a la Fiscalía para que retire las acusaciones contra los procesados por el 1 de octubre. «Sólo cabe la absolución», adujo. El Ejecutivo ya ha dicho que no está en su mano hacer nada al respecto y la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo no va, precisamente, en la línea de satisfacer las demandas de los secesionistas. La cadena Ser apuntó el sábado que, aunque se planteaba pedir la menor de las penas posibles (la máxima puede alcanzar los 30 años), mantendría la acusación por rebelión.

Según ABC, además, salvo que la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, imponga lo contrario, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se enfrentaría a penas de 25 a 30 años por su posición de liderazgo -era el vicepresidente de la Generalitat- y porque el delito de rebelión se vería agravado en su caso por la malversación. Los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, estarían ante penas de entre 15 y 25 años. Este escenario dificulta los planes del Gobierno.