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El Gobierno no ha dado aún el paso, pese a haber amagado con ello, de llevar al Tribunal Constitucional la derogación parcial de la ley aragonesa de memoria histórica por parte del Gobierno autonómico de PP y Vox. Pero este jueves elevó el tiro ... y anunció una ofensiva internacional, en la UE, la ONU y el Consejo de Europa, para tratar de poner en evidencia ante sus correligionarios al primer partido de la oposición.
Los socialistas ejecutan así una suerte de contraataque en respuesta a la estrategia desplegada por los populares , también más allá de las instituciones españolas, con la ley de amnistía. Lo hacen además en un contexto de precampaña electoral, con las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio a la vista.
Agitar el miedo a la involución que podría suponer la alianza de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal, después de que el PP sellara múltiples alianzas con Vox en comunidades y ayuntamientos tras los comicios de mayo, funcionó a Pedro Sánchez para evitar el descalabro en las generales de julio del pasado año. Ahora, ha visto en la iniciativa aragonesa y en dos propuestas similares registradas por los conservadores en las Cortes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana y presentadas como «leyes de concordia» una ocasión para sacar punta a esa amenaza e intentar sobreponerse al desgaste de sus acuerdos con Carles Puigdemont y ERC y al ruido del 'caso Koldo'.
Según fuentes gubernamentales, los socialistas recurrián al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, para que «evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos adquiridos por España en materia de Derechos Humanos».
Además, a través de su grupo parlamentario en Bruselas, promoverán «distintas iniciativas» en la Eurocámara. Y, por último, invocarán «la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos» para reclamar al Consejo de Europa, órgano ajeno a la UE, un debate «urgente» en la Asamblea Parlamentaria; se informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos, y se solicitará un informe sobre «la situación de la memoria democrática» en España.
La prueba de que el jefe del Ejecutivo cree haber encontrado en este asunto una buena palanca está en que también ayer nada más aterrizar desde Catar, realizó una visita, no incluida inicialmente en su agenda, al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros en el que se realizan trabajos para la exhumación de 160 víctimas cuyos restos han sido reclamados por familiares.
El Gobierno ha invitado finalmente al Valle de los Caídos a los familiares de las víctimas enterradas en el ahora denominado Cuelgamuros después de que el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitasen este jueves el laboratorio forense donde se analizan sus restos tras ser exhumados. La decisión de Moncloa se produce tras las quejas de una parte de aquellos a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) sobre el trato discriminatorio que habrían sufrido, ya que a ellos no se les permitió hacer lo mismo que el jefe del Ejecutivo al alegar la Administración que podía «ser peligroso para ellos».
En un comunicado, la asociación referida reclamaba«que nadie sea tratado por encima de las víctimas y que (éstas) conozcan todo la información de lo que va ocurriendo en el Valle de los Caídos ya que son las promotoras de esas exhumaciones, las más afectadas por lo que allí sucede que las que tienen derechos con respecto a lo que está ocurriendo en sus criptas». Horas después, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, comunicaba a todos los familiares que hayan cursado la solicitud de exhumación que pueden visitar el laboratorio instalado en la Capilla del Santo Sepulcro del Valle de Cuelgamuros, con el objetivo de poder recabar información de primera mano sobre las circunstancias, los obstáculos y el avance de los trabajos.
Una vez allí serán recibidos por miembros del equipo forense que está trabajando en las criptas desde junio de 2023, quienes darán una explicación pormenorizada sobre el operativo de búsqueda y después los familiares tendrán la oportunidad de realizar preguntas. No obstante, por motivos de seguridad y debido al protocolo de riesgos laborales vigente en el lugar –señala el secretario de Estado-, una vez conocidas las personas interesadas se organizarán grupos reducidos. Los interesados deberán confirmar su asistencia contestando al correo electrónico que se les ha enviado desde el Gobierno, a fin de poder gestionar las acreditaciones correspondientes, informa Europa Press.
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