El Gobierno llevará al Constitucional las leyes de PP y Vox contrarias a la memoria histórica

Así lo confirmó en una rueda de prensa Ángel Víctor Torres, quien aclaró que el documento se presentará hoy mismo en el Consejo de Ministros. El primer paso, aclaró el también expresidente de Canarias, será tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, que ya ha derogado la ley de memoria autonómica -lo hizo el pasado 1 de febrero-. Y de no ser posible alcanzar un pacto, según explicó el ministro, el Ejecutivo presentará un recurso ante el Constitucional.

Según Torres, al eliminar esa norma, se suprime el mapa de fosas regional y el homenaje a los aragoneses muertos en campos de concentración nazis. «Esto invade la competencia del derecho internacional y vulnera la defensa de los derechos humanos». En la Moncloa, además, procederán del mismo modo con las normas que PP y Vox pretenden aprobar también en el resto de territorios.

En la Comunidad Valenciana y Castilla y León lo que hay, de momento, son proposiciones de ley. Ambas formaciones presentaron a mediados de marzo en la región que preside Carlos Mazón una ofensiva legislativa que cambiará hasta cinco leyes autonómicas, entre ellas, la de memoria. Y en el segundo caso -la comunidad dirigida por Alfonso Fernández Mañueco y que sirvió como experiencia piloto de un gobierno formado por ambos partidos-, fue el pasado martes cuando populares y voxistas presentaron también una proposición de ley para derogar el decreto en materia de memoria en la comunidad, aprobado en 2018.

El pretexto, en todos los casos, se basa en que esa norma -la aprobada por cada Ejecutivo a nivel autonómico- obedecía a «una visión sesgada y sectaria de la historia» y que era necesario «eliminar imposiciones ideológicas que intentan fijar una versión oficial». Las otras dos comunidades donde PP y Vox están en el poder, Extremadura y la Región de Murcia, todavía no han dado pasos para elaborar una nueva ley, pero es probable que lo hagan porque el acuerdo de gobernabilidad PP-Vox firmado al comienzo de la legislatura en ambos territorios, recoge el compromiso de impulsar una nueva norma que sirva a «la reconciliación y a la concordia real», y que derogue las leyes de memoria aprobadas en cada comunidad. En todo caso, la Ley de Memoria Democrática, de ámbito nacional, sigue vigente en toda España.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, también salió al paso para arremeter contra los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal por su estrategia en este asunto. «Nunca avanzar y siempre retroceder, tirar por tierra todo consenso alcanzado en los últimos 40 años. PP y Vox hoy con estas proposiciones vuelven a insultar a miles de familias en este país pero lo peor de todo es que disparan al corazón de nuestra Constitución», apuntaba.

Además, desde Ferraz acusan a los populares de «prepotencia» y de presentar «falsedades» con una ley en la que vacían las palabras de sentido. Peña hizo especial hincapié en que la exposición de motivos de la ley aprobada en Aragón no mencione la dictadura franquista y «equipare» todo el periodo histórico desde 1931 hasta la democracia. «Es inadmisible que se intenten igualar los años democráticos de la Segunda República con la dictadura franquista».

No obstante, Génova no tardó en responder a la amenaza vertida desde la Moncloa. El portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, salió en defensa de la hoja de ruta de PP y Vox, asegurando que lo que buscan es «ampliar» y «ensanchar» la consideración de víctimas.

Vox, por su parte, tildó de «paradójico» que el «Gobierno pretenda acudir al TC». «Es paradójico que el Gobierno que nos está colando una amnistía inconstitucional, nos lleve al TC por defender la libertad de expresión», apuntó su portavoz nacional, José Antonio Fúster.