Cancelada la Sectorial de Infancia para el reparto de menores migrantes por el apagón energético

Sin embargo, regiones como Andalucía, Castilla y León o Cantabria, gobernadas por el PP, han expresado desde el anuncio de la medidad un rechazo frontal al decreto, al que acusan de invasión competencial y de falta de diálogo. Además, algunas comunidades, como Aragón o Madrid, siguen sin aportar las cifras que el Ministerio solicitó hace ya un mes sobre el número de menores atendidos en 2024 y la capacidad de sus sistemas de acogida, o mantienen los datos de manera general, lo que dificulta al Ejecutivo conocer la situación «real» del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados.

La polémica se ha intensificado también por el número de menores que podrían acabar en Cataluña. Según refleja el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, la región podría acoger entre 20 y 30 de los 4.400 menores que está previsto que partan de Canarias y Ceuta, los territorios más tensionados en la actualidad. Esta cifra ha supuesto el rechazo inmediato de algunas autonomías, como Madrid, que ya ha anunciado que recurrirá la medida tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Unión Europea, al considerar que, según los pronósticos del Ministerio, podría recibir cerca de 700 menores.

El Gobierno, sin embargo, justifica esta asignación como un reconocimiento al esfuerzo previo, en este caso de Cataluña, que ya acoge a más de 6.400 menores. A pesar de que las comunidades gobernadas por el PP han sido las más críticas con la reforma de la ley de extranjería, también hay sectores dentro del PSOE, como ya ha ocurrido con iniciativas anteriores, que han expresado su desacuerdo con el decreto que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería y que están en proceso de estudiar la posibilidad de recurrirla en los tribunales.

Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García-Page, también ha mostrado su descontento. Aunque el presidente regional ha confirmado la disposición de su comunidad a colaborar en la acogida de los menores, ha calificado el acuerdo de «insulto» y «parche» y ha cuestionado su viabilidad a medio y largo plazo. Además, García-Page ha señalado que, aunque Castilla-La Mancha podría acoger menos menores que con los criterios anteriores, no descarta recurrir el decreto si considera que vulnera las competencias autonómicas.

Así, la Conferencia Sectorial de Infancia de hoy se celebrará en un clima de máxima tensión, entre las críticas por la «imposición» del reparto y las amenazas de llevar la medida a los tribunales. En este contexto, el reparto de menores se perfila como un rompecabezas técnico y político que podría ser modificado, aunque solo sería posible por «unanimidad», algo que parece improbable dadas las complejas relaciones entre territorios.

Algunas de las críticas lanzadas por los gobiernos regionales contra el decreto se basan en las estimaciones iniciales del Ministerio, realizadas antes de que las comunidades actualizaran sus datos. En ese momento, fuentes del Ministerio confirmaron que el reparto final de menores extranjeros no acompañados sería «muy similar» al planteado inicialmente. Según esos pronósticos, Canarias —que actualmente acoge a más de 5.400 menores— sería una de las principales beneficiadas, con una reducción de 4.000 menores.

Cataluña, por su parte, apenas sumaría 26 menores a su red de acogida, debido a que ya alberga más de 6.400, de los cuales 2.242 son menores de edad y el resto se encuentran bajo tutela como parte de un programa autonómico para facilitar la acogida de estos jóvenes. Así, seguiría siendo la comunidad con el mayor número de menores migrantes no acompañados.

La segunda posición la ocuparían Andalucía (3.411), Valencia (958), País Vasco (946) y la Comunidad de Madrid, aunque esta última aún no ha proporcionado las cifras de su sistema de acogida. Además, el reparto modificaría sustancialmente la situación de Castilla y León (487), Castilla-La Mancha (430) y Murcia (más de 800). Otras comunidades como Galicia, Extremadura o Asturias también verían incrementadas sus cifras de forma considerable.

Con estos ajustes, el Gobierno busca construir una red más equilibrada, basada en criterios técnicos como población, renta o esfuerzo previo. Sin embargo, la situación se complica más por la obligación de que el Ejecutivo acoja, por orden del Supremo, a un millar de menores hacinados en Canarias. Aunque dio 10 días para ejecutarlo, el plazo ha expirado sin que nada haya cambiado. La redistribución de estos menores, incluida la orden judicial, sigue siendo un desafío que ha intensificado las tensiones entre las comunidades autónomas.