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El Gobierno de Canarias encargó el año pasado, viendo que las negociaciones para el reparto de menores extranjeros no acompañados se estancaba, un informe que ... analizase la situación del archipiélago y estableciese unos criterios para un posible traslado de estos jóvenes a otras comunidades. Dicho documento, elaborado por Gemma Pinyol, directora de migraciones de la consultora Instrategies, se presentó al resto de autonomías en la Conferencia de Presidentes de diciembre, aunque finalmente el Ejecutivo ha optado por recuperar, como ya ha ocurrido en el pasado, los criterios que se acordaron durante la Conferencia Sectorial de Infancia de 2022.
Hoy, días después de conocer el decreto pactado entre el PSOE y Junts, que limitaría a entre 20 y 30 los menores que llegarían a Cataluña de los 4.000 que saldrían de Canarias y los 400 de Ceuta, no queda ni rastro de la propuesta de Pinyol, que se había basado en «modelos aplicados en otros países». «No tiene nada que ver», asegura. No obstante, al ser una medida que todavía no está cerrada –falta conocer los datos de acogida de las comunidades, que tienen hasta el 31 de marzo para enviarlos, y el debate en la Conferencia Sectorial de Infancia-, los criterios aún son susceptibles de cambios.
Gemma Pinyol no está muy conforme con los criterios pactados entre socialistas y posconvergentes. Considera que hay puntos técnicos confusos. «No acabo de entender que los conceptos 'ciudad frontera' e 'insularidad', que están pensados para Melilla y Baleares, tengan el mismo valor, porque no tienen la misma situación», señala. En esta línea, piensa que habría que haber dado porcentajes «al revés» al esfuerzo previo de acogida y al número de plazas, para que al primero le correspondiese un 10% y al segundo un 6%.
Respecto a la posibilidad de que haya comunidades que acojan a un número menor de migrantes, en caso de que el Congreso dé el visto bueno al decreto –lo que se da por hecho tras el acuerdo con Junts–, Pinyol asegura que es algo que también habría ocurrido de haberse aplicado los criterios que propuso su consultora al Gobierno canario. Y cree que habría que analizar qué es lo que ha fallado para que haya regiones que no tengan casi niños y adolescentes a su cargo. «¿Cómo puede ser que La Rioja, por ejemplo, en los últimos informes señalaran que tenía solo nueve menores?», cuestiona.
No obstante, considera que los de Puigdemont se han aprovechado de la necesidad que tanto el Gobierno como Canarias tenían por sacar adelante esta medida para sacar partido e intentar ganar terreno ante Aliança Catalana. «Se ha mezclado la realidad con el debate », opina. Pinyol confirma, por otro lado, que Cataluña «históricamente ha acogido más menores migrantes» que otras comunidades, entre otras razones por que la costa mediterránea «siempre ha sido un lugar con muchos extranjeros». Sin embargo, critica la actitud adoptada por Junts y considera que lo que está consiguiendo a través de este tipo de discursos es «desautorizar el trabajo que se ha hecho solidariamente desde Cataluña» hasta ahora. «Las cifras son las que son, pero la interpretación que le puedes dar, o cómo quieres vender tu discurso, varía entre unos y otros», sentencia. «Me da la sensación de que ya no estamos hablando de las políticas migratorias desde una perspectiva de gestión y de características técnicas, sino que se ha convertido en un espacio donde cada uno dice lo que le parece más oportuno en términos de venta partidista», añade.
Desde su punto de vista, las medidas anunciadas hasta ahora en materia migratoria son todavía «muy poco concretas». «Cuando explicaron la delegación de competencias a Cataluña, la forma en la que lo decían de un lado y de otro era muy distinta», asegura. Considera que se está «hablando de cosas muy amplias para que cada uno pueda decir lo que más le conviene» y que falta aclarar los detalles. Lo mismo que ocurre, a su juicio, con el acuerdo entre el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Vox que aboga por endurecer las políticas en este terreno. «Hasta que no veamos cómo se desarrollan las cosas –en el sentido de saber cómo quedará el reparto de menores–, no se puede decir mucho», señala.
Y ante esta lucha por el relato, Pinyol se muestra preocupada por lo que pueda ocurrir con la cuestión migratoria, tanto en lo referente a la delegación de competencias a Cataluña como en la reforma de la ley de extranjería. «Me sabe mal que las oportunidades acaben perdiéndose por otras razones que no tienen tanto que ver con la necesidad de Canarias y de los menores», apunta al tiempo que asegura que deberían ser políticas «con las que se tendría que ser solidario de una manera más natural», de forma que no fuese necesario recurrir a una norma que obligue a acoger a estos jóvenes.
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