El Gobierno busca combatir la imagen de debilidad con un plan para aprobar 49 leyes

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó en el Consejo de Ministros, primero, y ante la prensa, después, el Plan Anual Normativo para 2024 y puso sobre la mesa unas cifras aparentemente ambiciosas. El objetivo marcado es dar luz verde a 198 iniciativas a lo largo del presente ejercicio, aunque el recuento es algo engañoso. De ellas casi el 75%, 149, serán reales decretos sin rango de ley, lo que significa que no requieren la aprobación del Congreso de los Diputados ni negociación alguna con otros grupos políticos en un momento en que los apoyos hay que sudarlos. Con todo, Bolaños elevó a casi medio centenar el número de proyectos de ley que el Gobierno pretende impulsare este año: 43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas, que requerirán mayoría absoluta para salir adelante.

Los socialistas saben que de lo que ocurra en Cataluña el 12 de mayo puede depender su propia continuidad en la Moncloa y que tanto Junts como los republicanos pueden acabar dándoles la espalda, pero sostienen que no tiene por qué ser así y se resisten a escenificar nada que no sea confianza en que están en condiciones de agotar la legislatura. Ya antes de tener cerrada la investidura de Sánchez, en el PSOE daban por hecho que el nuevo mandato no sería tan productivo en términos legislativos como el anterior, en el que se vanagloriaban de haber publicado 200 leyes en el Boletín Oficial del Estado pese a las dificultades de coordinación en el primer Gobierno de coalición -con Unidas Podemos- desde la Segunda República, de estar en minoría y de la fragmentación del Parlamento.

Lanzar cincuenta leyes en un año no es un reto pequeño, pero, por comparar, a principios de marzo de 2023 el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes vaticinó que en los ocho meses que quedaban entonces por delante antes de las elecciones se podrían aprobar cien leyes más. Solo que, finalmente, Sánchez disolvió las Cortes el 29 de mayo.

Bolaños solo detalló en su comparecencia algunos de los proyectos que el Gobierno tiene en cartera y, según fuentes de su departamento, el plan no se hará público hasta dentro de unos días. Pero lo previsible es que se tire, como hasta ahora, de proyectos cuya tramitación parlamentaria estaba más o menos avanzada hasta el adelanto del 23 de julio. Algunos ya se han repescado, como el de la ley de paridad, el de enseñanzas artísticas o el del desperdicio alimentario. Sin embargo y en total, decayeron con la legislatura 25 susceptibles de recuperación.

Para evitar tensiones con los socios -como las que ya han aflorado con Sumar y Podemos respecto a la ley del suelo- e intentar soslayar un ruido que daña su imagen, fuentes gubernamentales apuntan a que se optará por textos sin excesivas aristas y, sobre el papel, fácilmente «consensuables» como la ley de juventud, la de protección de los menores en los entornos digitales o la de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas también menores de edad.

Entre las iniciativas enumeradas por Bolaños, sin embargo, hay también asuntos menos 'blancos' y susceptibles de conflictos con los soberanistas. El ministro destacó que se quiere sacar del cajón la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto lleva pendiente tres años del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Esa tardanza le valió ayer al órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde hace un lustro y con mayoría conservadora, un reproche. El titular de Justicia ironizó con que el CGPJ se tome su tiempo para atender cuestiones obligatorias y haya emitido ya dos textos contrarios a la amnistía. Pero más allá de esa controversia, la tramitación de la Lecrim no se augura pacífica.

Junts pide, por ejemplo, la eliminación del artículo 384 bis, referido a la suspensión automática de la función o cargo público en caso de procesamiento firme y prisión provisional por integración o relación con bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes. Y en la negociación de la amnistía, Sánchez llegó a poner sobre la mesa un acortamiento de los plazos de instrucción sobre los que el ministro, sin embargo, no quiso ayer pronunciarse.