El Gobierno avanza que la Fundación Francisco Franco «está en sus últimos días»

Según señaló este viernes el ministro Ángel Víctor Torres en una entrevista en la Cadena Ser, la Fundación Francisco Franco vive «sus últimos días» antes de ser «extinguida». La Ley de Memoria Democrática abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del franquismo, y muy especialmente de su líder. «Se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado», establece la norma.

También se pronunció el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños, quien consideró que en una democracia no hay lugar a ensalzar a un dictador.

En sus estatutos, la fundación fija entre uno de sus objetivos «difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política».

Torres, en el ojo del huracán político por la compra de mascarillas defectuosas a la 'trama Koldo' cuando era presidente de las Islas Canarias, añadió que «si una fundación, un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia».

Se daba por hecho que el Ejecutivo ilegalizaría la fundación dedicada a la memoria del dictador tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. No obstante, el Ejecutivo ha eludido dar el paso en el último año y medio. Lo hace ahora en medio de una contraofensiva de varias comunidades gobernadas en coalición por PP y Vox. Castilla y León ha registrado en su parlamento una proposición de ley autonómica de concordia que trata de sortear la normativa estatal. «Molesta que se amplíe la atención a las víctimas en el periodo de la Segunda República, periodo anterior a la dictadura, pero aplaudieron que el gobierno de Sánchez, nada más y nada menos que al dictado de Bildu, los herederos de ETA, ampliara ese periodo hasta 1983», justificó el presidente castellano leonés en el debate de la proposición. La norma autonómica será llevada al Tribunal Constitucional por el Gobierno al considerar que se vulnera la ley estatal.

El propio Pedro Sánchez se involucró la pasada semana en la batalla por la memoria democrática con una visita a las criptas de la basílica del Valle de Cuelgamuros, en la que yacen 33.000 restos de fallecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista.