El Gobierno aumenta la presión al PP para renovar el CGPJ tras el acuerdo sobre el TC

La negativa del principal partido de la oposición no es en absoluto inocua para el normal funcionamiento de la justicia y, por lo tanto, para la vida de los ciudadanos. El PSOE y Unidas Podemos impulsaron en 2021 una reforma legal que limita las facultades del órgano de gobierno de los jueces cuando se haya superado el plazo de cinco años por el que sus miembros fueron elegidos. El pasado julio el Gobierno revirtió la parte de la reforma que afectaba a los nombramientos de los magistrados del TC, pero no tocó el resto. Las consecuencias son palpables. El Supremo y decenas de tribunales superiores de ámbito autonómico tienen dificultades para sacar adelante asuntos pendientes y formar salas que juzguen a los procesados. El alto tribunal tiene 17 vacantes por jubilación, fallecimiento o excedencias, una merma del 20% de su plantilla.

Tras el acuerdo sorpresa para el Constitucional, el Gobierno ha aumentado la presión sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el pasado 27 de octubre decidió dar por suspendidas las conversaciones en las que su partido y el PSOE llevaban tres semanas enfrascados al confirmarle Sánchez su intención de derogar el delito de sedición del Código Penal para beneficiar a los condenados y encausados del 'procés'. «El acuerdo con el PP está hecho. En el último momento al señor Feijóo le temblaron las piernas y no lo firmó. Pero sería cuestión de segundos recuperar la normalidad institucional que España merece», alegó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Aunque en público guarda las formas, en privado el Gobierno se arroga con cierto orgullo la decisión de los vocales progresistas de apoyar el pasado martes las dos candidaturas que los conservadores habían puesto sobre la mesa cuando nadie lo esperaba. Con la operación, los socialistas tratan de borrar su responsabilidad en la crisis institucional y el ruido que se produjo hace tan solo diez días, cuando el Constitucional aceptó suspender, a petición del PP, la tramitación de una reforma legal para acelerar la renovación del tribunal que el Ejecutivo había colado de rondón, como enmienda, en la proposición de ley diseñada para derogar la sedición.

Su planteamiento inicial era volver a presentar la reforma como proposición de ley autónoma, no solo suya sino de todo el bloque de investidura. Pero esa vía, que ahora queda en la nevera, era más lenta y más problemática para conseguir su fin último –un Constitucional de mayoría progresista– que tragarse el sapo de aceptar a la segunda candidata progresista propuesta por los conservadores (el primero fue, hace una semana, Pablo Lucas, el juez que autorizó las escuchas del 'caso Pegasus' a los independentistas) y renunciar a su preferido, José Manuel Bandrés, del que se daba por supuesto que apoyaría las aspiraciones del exfiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, de presidir el TC.

Ahora el Ejecutivo se presenta como cargado de razones frente al PP. «Desde ayer, el único que incumple la Constitución es el PP. Y el señor Feijóo –censuró Bolaños– tiene cero credibilidad como alternativa democrática hasta que no deje de utilizar todo tipo de artimañas políticas para no renovar las instituciones». La lectura del principal partido de la oposición, sin embargo, es bien distinta. González Pons obvió en Onda Cero las largas que durante meses han dado los vocales conservadores del Consejo a la renovación del TC –hasta que el Gobierno no activó su polémica reforma ni siquiera habían propuesto candidato alguno– y habló de «resistencia democrática».

«No se oponían a la renovación por oposición política al Gobierno, sino porque no comparten que le hayan retirado las competencias y porque no querían nombrar al dictado de Moncloa. Se han opuesto a renovar con los nombres que a Sánchez y Esquerra les apetecía», arguyó el dirigente popular. Según su relato, el CGPJ ha dado una «lección» al Ejecutivo nombrando a dos magistrados «de profesionalidad e independencia probada» y Sánchez queda en evidencia con la designación del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Presidencia Laura Díez. Bolaños dejó claro que no hay marcha atrás en su elección. «Que el PP quiera nombrar también a los magistrados que elige el Gobierno es poco menos que una inocentada», ironizó.