Pedro Sánchez aseguró el pasado viernes, durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, que superados ya los procesos de renovación de liderazgos de ERC y Junts que llevaron a retrasar ya varios meses la presentación de los Presupuestos Generales del Estado ... su intención era llevarlos a la Cámara «a principios de año». El órdago lanzado este lunes por Carles Puigdemont ha provocado, sin embargo, que cinco días después, el plazo sea algo más laxo. «¿Enero o febrero? Ni para ti ni para mi -replicó este martes la ministra Portavoz, Pilar Alegría a una pregunta tras el Consejo de Ministros-: «en el primer trimestre».
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El Ejecutivo respondió el lunes con cierto escepticismo a la advertencia del expresidente de la Generalitat de que,transcurrido el primer año de legislatura, el crédito de Sánchez está en «números rojos» y advirtió de que el presidente no planteará una cuestión de confianza como exigió este en una comparecencia desde Bruselas. «No hay ni intención ni necesidad» reiteró este martes Alegría. Pero una cosa es que se descarte echar mano de ese instrumento constitucional y otra que no se asuma que Junts tiene en su mano poner aún más cuesta arriba la negociación de las Cuentas públicas.
La ministra evitó en todo momento entrar a confrontar tanto con Junts como con el resto de sus socios y mostró una actitud humilde, pero también reivindicativa. »Desde el primer momento este Gobierno mantiene acuerdos conversaciones y diálogos con el resto de fuerzas políticas. Somos un Gobierno de minoría y eso nos lleva a gestionar esa complejidad. Y a pesar de ello - valoró- hemos llegado a acuerdos y nos vamos a ir a las vacaciones con 25 leyes aprobadas».
Alegría afirmó que las conversaciones con Junts «siempre están abiertas» y, en concreto, afirmó que «hay negociaciones avanzadas», en lo que respecta a la delegación de las competencias sobre inmigración, a la que el Ejecutivo se comprometió el pasado enero durante una negociación agónica y contrarreloj para salvar los primeros reales decretos leyes de la legislatura y que los posconvergentes exigen cerrar cuanto antes. Aun así, evitó dar el más mínimo detalle.
Hasta ahora, el Gobierno siempre había dejado claro que el control de fronteras es una competencia exclusiva e indelegable del Estado pero Puigdemont insistió ayer en que es uno de los aspectos que debe delegarse y que la Generalitat debe poder decidir además sobre expulsiones y reagrupaciones familiares. Alegría dejó por responder una pregunta al respecto y esgrimió que para que el pacto sea «fructífero» es necesario guardar la «necesaria prudencia» y discreción.
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«Este Gobierno cumple con sus compromisos. Algunos se pueden cumplir más rápido y otros exigen más diálogo -ha apuntado no obstante-, pero cuando haya acuerdo será conocido hasta la última coma».
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