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La imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, como presunto conocedor e instigador de las actuaciones violentas protagonizadas por Tsunami Democràtic en protesta contra la sentencia condenatoria del 'procés', y sus implicaciones para la aplicación efectiva de la ley de amnistía se han convertido ya ... en un calvario para el Gobierno y en un quebradero de cabeza para jueces y fiscales. Los integrantes del Ministerio Público dirigido por Álvaro García Ortiz mantienen un pulso entre la posición de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, a la sazón número dos de la carrera, y el togado que lleva el caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que no ven indicios para imputar a Puigdemont y la amplia mayoría de la Junta de Fiscales del alto tribunal que deduce de las investigaciones exactamente lo contrario. El criterio de Sánchez Conde no ha servido para impedir que la Sala de lo Penal del Supremo abra causa al expresident, aforado en tanto que eurodiputado, por el asalto al aeropuerto de El Prat y los actos de violencia callejera a los que se vincula con Tsunami.
Este el contexto, aderezado por la fuerte contestación que ha desatado la amnistía para los encausados por el 'procés', el Consejo Fiscal ha analizado hoy un asunto singular: la petición de amparo del fiscal del Supremo Álvaro Redondo por una serie de artículos en prensa «extraordinariamente críticos», a sus ojos, con su cambio de parecer sobre la consideración penal que merecen los hechos por los que Puigdemont ha acabado señalado primero por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y ahora por la Sala de lo Penal del Supremo. Redondo era el fiscal encargado del informe inicial sobre la tipificación como terrorismo de los sabotajes por los que se apunta a una decena de personas conectadas con Tsunami, incluidas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el parlamentario catalán del mismo partido Rubén Wagensberg. Este es aforado al igual que Puigdemont.
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El ponente, que veía en un principio indicios de terrorismo, varió el sentido de su dictamen en unos días de febrero que coincidieron con la celebración de una reunión por su parte con el fiscal general, cuyo intento de mantenerse neutral sobre la amnistía le viene granjeando la disconformidad de parte de sus compañeros de carrera, en especial del sector conservador, mayoritario en el Consejo Fiscal. Este órgano ha debatido hoy la petición de amparo de Redondo, que ha negado cualquier interferencia en su criterio de su cita con el fiscal general y al que apoya el fiscal jefe de lo Penal del Supremo, Fidel Cadena, uno de los togados que ejercieron la acusación pública en el juicio contra Oriol Junqueras y el resto de dirigentes del 'procés' que no huyeron y que sí comparte que hay que procesar a Puigdemont por terrorismo.
La solicitud de protección, solicitada por Redondo a Cadena y delegada por éste al Consejo Fiscal, ha salido adelante pero con el órgano dividido y la aplicación de su voto de calidad por García Ortiz. Las dos vocales natas, los dos electivos de la Unión Progresista de Fiscales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han respaldado la petición de su colega frente al rechazo de los seis de la Asociación de Fiscales.
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