García Ortiz forzará a la Fiscalía a bendecir la amnistía total si la Junta de Sala se opone

Las órdenes por escrito que elevan el conflicto interno al límite llegaron este viernes a primera hora. En un documento remitido a los cuatro fiscales de la causa contra los independentistas, García Ortiz les ordenó de manera taxativa que se pronuncien a favor de aplicar la amnistía para todos los ilícitos, incluida la malversación que concierne a Carles Puigdemont y que todavía mantiene inhabilitado a Oriol Junqueras. Y no solo eso: el máximo responsable del Ministerio Público les instó a que pidan de inmediato al instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que levante la orden de detención contra el expresident huido hace casi siete años en Bélgica.

La respuesta de los cuatro aludidos –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– fue inmediata: rechazar de plano la orden de García Ortiz porque es «improcedente y contraria a las leyes» y porque no se ajusta a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y legalidad penal». Con ese escrito forzaron la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, aunque sea solo el 'recurso al pataleo', a través del artículo 27 de Estatuto Fiscal, el único cauce que los fiscales tienen para mostrar su disconformidad con las decisiones de un superior.

Que García Ortiz iba a dar la orden por escrito de defender los efectos totales de la amnistía y su legalidad y que lo iba a hacer de manera exprés estaba cantado, según habían anticipado todas las fuentes consultadas, porque con la remisión de este documento a los fiscales del 'procés' activaba el procedimiento para imponerles su parecer de que la norma aprobada el 30 de mayo por el Supremo se ajusta a la legalidad.

Dado que los plazos fijados por el juez Llarena para presentar alegaciones a la aplicación de la amnistía a Puigdemont y el resto de los encausados –condenados o todavía huidos– se cumplirían mediada la próxima semana, el propio García Ortiz ya había convocado de forma preventiva, algo inédito, un pleno de la junta para el próximo martes. Una convocatoria que confirmó en cuanto los fiscales 'rebeldes' registraron su escrito oponiéndose a las órdenes de su superior.

Según anticipan las fuentes citadas, es probable que García Ortiz se encuentre en el órgano con una mayoría de sus integrantes contraria a amnistiar el delito de malversación, en sintonía con sus compañeros del Supremo. Pero, de acuerdo con esas mismas fuentes, el fiscal general va a desatender la discrepancia interna porque va a acabar imponiendo su criterio dado que solo tiene obligación de escuchar a la junta antes de tomar una decisión. En modo alguno está obligado a seguir su dictamen, porque la Fiscalía es una institución jerárquica.

Así las cosas, tendrá que ser el propio García Ortiz u otro fiscal con suficiente categoría que designe él mismo el que estampe su rúbrica en este histórico y controvertido documento. Todo apunta a que esa persona podría ser su segunda, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y a la que el fiscal general del Estado ya ha recurrido para otras situaciones incómodas en anteriores ocasiones.

De hecho, en febrero, doce de los 15 asistentes a la Junta de Fiscales apreciaron delitos de terrorismo y once observaron indicios para incriminar a Puigdemont en la causa sobre Tsunami Democràtic. Una opinión que chocaba con las conclusiones del fiscal de la Audiencia Nacional y el primer informe del acusador del Supremo Álvaro Redondo, quien cambió de criterio tras una reunión con el fiscal general cuya influencia niegan ambas partes. Entonces fue Sánchez Conde la que firmó el escrito de oposición a investigar por terrorismo al líder de Junts.