Los fiscales del procés se plantan ante la orden de Ortiz de aplicar la amnistía a todos los delitos

Las órdenes por escrito que elevan el conflicto interno al límite llegaron el viernes a primera hora. García Ortiz, en un documento remitido a los cuatro fiscales de la causa contra los independentistas, les ordenó de manera taxativa que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont y que todavía mantiene inhabilitado a Oriol Junqueras. Y no solo eso, el máximo responsable del Ministerio Público les instó a que pidan de inmediato al juez del Supremo Pablo Llarena que levante la orden de detención contra el expresident huido.

Y la respuesta de los fiscales 'rebeldes' (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) fue inmediata. Rechazar de plano la orden de García Ortiz porque es «improcedente y contraria a las leyes» y porque no se ajusta a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y legalidad penal». Con ese escrito abocaron a la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, aunque sea solo el 'recurso al pataleo', a través del artículo 27 de Estatuto Fiscal, que es el único cauce que los fiscales tienen para mostrar su disconformidad con un superior.

Que García Ortiz iba a dar la orden por escrito de defender los efectos totales de la amnistía y su legalidad y que lo iba a hacer de manera exprés estaba 'cantado', según habían anticipado todas las fuentes, porque con la remisión de este documento a los fiscales del procés activaba el procedimiento para imponer a la fuerza a los cuatro 'rebeldes' su parecer de que todo es legal.

Dado que los plazos fijados por el juez Llarena para presentar alegaciones a la aplicación de la amnistía a Puigdemont y el resto de los encausados (condenados o todavía huidos) se cumple a mediados de la próxima semana, el propio García Ortiz ya había convocado de forma preventiva (algo totalmente inédito) un pleno de esa junta para el próximo martes. Una convocatoria que confirmó en cuanto los fiscales 'rebeldes' registraron su escrito oponiéndose a las órdenes de su superior.

Según todas las fuentes consultadas, en esa junta es probable que García Ortiz se encuentre con una mayoría contraria a la aplicación de la amnistía para los delitos de malversación, en sintonía con sus compañeros del Supremo. Pero, de acuerdo con esas mismas fuentes, al fiscal general le va a dar igual porque va a acabar imponiendo su criterio, pues solo tiene obligación de escuchar a este órgano antes de tomar una decisión, pero en modo alguno está obligado a seguir su dictamen, porque la Fiscalía es un órgano jerárquico.

Así las cosas, tendrá que ser el propio García Ortiz u otro fiscal con suficiente categoría que designe él mismo el que estampe su rúbrica en este histórico y controvertidísimo documento. Todo apunta a que esa persona podría ser su segunda, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y de la que el fiscal general del Estado ya ha tirado para este tipo de situaciones incómodas en anteriores ocasiones.

De hecho, el pasado febrero, doce de los quince asistentes a la Junta de Fiscales apreciaron delitos de terrorismo y once observaron indicios para incriminar a Puigdemont en la causa de 'Tsunami Democràtic'. Una opinión que chocaba con las conclusiones del fiscal en la Audiencia Nacional, que, tras un cambio sorpresivo, pasó solo a contemplar desórdenes públicos en la plataforma que promovió los graves altercados de otoño de 2019. Entonces fue Sánchez Conde la que firmó el informe del Ministerio Público sobre la exposición razonada remitida por la Audiencia Nacional al Supremo oponiéndose a investigar al expresident huido, en contra de la abrumador parecer de la Junta de Fiscales de Sala.

El eje principal de la orden del fiscal general de este viernes desoída de manera automática por los fiscales 'rebeldes' considera que éstos confunden en su informe el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables.

El máximo responsable del Ministerio Público español niega además que la intentona secesionista produjera una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea. Este tema es clave por las instituciones europeas vienen mostrando un rechazo frontal a cualquier medida de gracia que pueda afectar a dinero que procede de fondos comunitarios.

El informe de García Ortiz es particularmente duro con los 'rebeldes', a los que llega a acusar de haber hecho «informes improcedentes que comprometen la imagen de neutralidad de la Fiscalía», pues «utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico».

Pero hay más, en su afán por defender la legalidad de la constitución, García Ortiz ataca la profesionalidad y el rigor de los fiscales del Supremo al acusarles, entre otras cosas, de elaborar documentos que «no respetan» las instrucciones de la propia Fiscalía general, de hacer análisis «manifiestamente incompletos» sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma; de no estudiar de «forma exhaustiva» la jurisprudencia de los órganos concernidos; de hacer una «interpretación contraria» a lo que establece la propia ley; o de hacer «análisis manifiestamente incompleto» sobre la doctrina europea sobre la malversación.

En su dictamen de 133 páginas, el máximo responsable del Ministerio Público también llega a insinuar que Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno están haciendo política, invadiendo las competencias del legislativo. «El legislador, dentro de los amplios límites que le otorga la Constitución, goza de amplia libertad y que el juicio de constitucionalidad debe limitarse a valorar de forma estricta la adecuación de la actuación legislativa a la Constitución, sin que resulten admisibles críticas o valoraciones que trasciendan el plano de lo jurídico para adentrarse en el de la estrategia o la oportunidad política», apostilla el fiscal general.

García Ortiz sostiene, en resumen, que, «al margen de conjeturas e hipótesis», los fiscales del Supremo no aportan «un solo argumento objetivo» que permita concluir que la ley de amnistía no contribuya a la consecución del objetivo que dice perseguir, es decir, la normalización institucional, política y social en Cataluña.