Las fuerzas del Gobierno hacen valer su mayoría en el Congreso para rechazar el conflicto en el Senado

Los populares, además, han pedido en la reunión de la Mesa que el conflicto de competencias se votase durante un pleno. Pero la mayoría de PSOE y Sumar han rechazado la propuesta. Rodríguez de Celís, vicepresidente del Congreso, ha recalcado que el movimiento del partido de Génova 13 está fuera de plazo y que el Senado tendría que haber planteado dicha cuestión con anterioridad.

El informe que ha recibido luz verde esta mañana -y cuyo contenido ya trascendió ayer- señala que, a juicio de los letrados de la Cámara, «el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el marco del procedimiento legislativo», y avisa de que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta «supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso».

Apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo «no son objeto idóneo» de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto, pero ahora ya está «fuera de plazo» porque se han superado «sobradamente» los 30 días que establece la Constitución para recurrir.

El PP, por su parte, denuncia que la mesa del Congreso no ha respondido al requerimiento en sí y que se ha extralimitado en sus funciones al rechazar el conflicto. Fuentes populares insisten en que la mesa no tiene potestad alguna para hacer lo que ha hecho y que debería haber llevado la iniciativa a un pleno extraordinario. A su juicio, esta puede «calificar» o «admitir a trámite», pero nunca «legislar».

Y respecto a si ahora acudirán o no al Tribunal Constitucional, sostienen que es el PP en el Senado quien debe decidir -ya que de ahí parte el conflicto de competencias entre ambas cámaras-. Fuentes de los de Feijóo también se quejan de que por el simple hecho de plantear este conflicto a raíz de una ley de amnistía que ellos consideran institucional, el PSOE y sus socios les acusen de «deslealtad institucional».