El Congreso rechaza suspender la amnistía y devuelve la pelota al Senado

Un documento que los letrados del Congreso han elaborado con máxima celeridad –tenían hasta el próximo 11 de mayo para agotar los plazos– y que acrecienta la tensión con el Senado dentro de su choque institucional sin precedentes. Los grupos parlamentarios con presencia en la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría alineada en torno al Gobierno, lo recibieron en la jornada de ayer. «El Senado intenta subvertir las funciones que le asisten», reza un informe en el que se acusa a la Cámara Alta, a su vez con mayoría absoluta del PP, de llevar a cabo una «clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria».

El pleno del Senado aprobó la semana pasada —con 148 votos a favor (144 de los populares, tres de Vox y uno de Coalición Canaria), la abstención de UPN y el voto en contra del resto del Legislativo— plantear un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras, una iniciativa que no se había producido nunca y que se cobija en otro informe de los letrados (estos, los del Senado) que sostiene que la amnistía esconde una reforma constitucional encubierta.

Ahora, lejos de asumir ese choque inédito en las Cortes, los servicios jurídicos de la Cámara Baja piden que se inste a la Cámara Alta a tramitar con normalidad el olvido legal del 'procés'. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo debe ahora decidir, por lo tanto, si desiste en su intento de seguir poniendo trabas a la ley de amnistía por esta vía o acude al Tribunal Constitucional.

Pese a haber impulsado el insólito conflicto entre Senado y Congreso, los populares dejaban días atrás la puerta abierta a ir finalmente hasta el tribunal de garantías, decisión todavía no está tomada según las fuentes consultadas. Génova cree que la mayoría progresista del TC no dibuja un escenario idóneo para sus intereses y dudan de si arresgarse a recibir un varapalo con la norma ni siquiera aprobada..

No obstante, el Constitucional –en el caso de que el PP decida acudir a él para que ejerza de árbitro en este choque de competencias–, no debería entrar aún en el fondo de la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Para eso habrá que esperar a los recursos de inconstitucionalidad —y a las eventuales cuestiones de inconstitucionalidad de los jueces– una vez la norma entre en vigor.

«El conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad», reza el documento técnico con el que se responde a la ofensiva del principal partido de la oposición. Un dictamen que se apoya en varias sentencias del TC para sostener que la votación del pasado 14 de marzo en la que se aprobó la proposición de ley de amnistía fue «correcta».

Esta evaluación colisiona con la evalución de la letrada mayor del Senado, Sara Siera, y de los letrados, quienes han concluido que la ley de amnistía no solo es inconstitucional, sino que supone «una reforma encubierta de la Constitución» por lo que el Congreso habría incurrido en una «realización fraudulenta del procedimiento legislativo» hurtando sus atribuciones a la Cámara alta.

Una horas antes de que se conociese el contenido del documento con el que el Congreso devuelve la pelota al PP, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, avanzaba que la Cámara Baja respondería desde la «lealtad institucional» evitando la «politización» del conflicto.