La Fiscalía del Tribunal Supremo depende de Suiza para impulsar la acusación contra Juan Carlos I

Ya sucedió en el 'caso Gürtel' en 2010 con el cabecilla confeso Fransciso Correa o en 2013 con la pieza separada referida a la fortuna oculta por Luis Bárcenas, extesorero del PP. Pero finalmente, tras un prolijo cruce de información durante meses, la justicia del país alpino acabó colaborando y ayudó a destapar uno de los mayores escándalos políticos de la última década.

El paso de los años ha favorecido la cooperación judicial gracias a la normativa internacional contra el blanqueo y a que la UE, en octubre pasado, sacó a Suiza de la lista de paraísos fiscal a cambio de mayor transparencia y colaboración judicial.

En el caso del rey emérito, el gran incoveniente que tiene a partir de ahora el fiscal instructor del Supremo, Juan Ignacio Campos, es el tiempo. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el acusador dispone de seis meses prorrogables por el mismo tiempo, es decir, un año como máximo, para llevar a puerto las diligencias por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Una vez transcurrido ese margen (podría hacerlo antes) deberá tomar la decisión de presentar una querella contra el investigado ante la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal o decretar el archivo (motivado) de las diligencias abiertas.

Precisamente, el tiempo fue la razón del movimiento que ha tenido que hacer la Fiscalía Anticorrupción para que las pesquisas no fueran archivadas. El fiscal Luis Pastor consumió los 12 meses que le permite la ley en las diligencias abiertas por las presuntas comisiones pagadas (unos 80 millones de euros) en el megacontrado del AVE saudí, adjudicado en 2011 a un consorcio español por valor de 6.700 millones. Pastor recabó múltiple información y se reunió en Londres con Corinna Larsen, ámiga íntima del rey emérito y cuya conversación grabada con el comisario preso José Manuel Villarejo dio origen a esta investigación.

Pero el verdadero empujón a sus pesquisas vino de Suiza. En verano 2018 el fiscal de Ginebra Yves Bertossa dirigió el registro del despacho del abogado Arturo Fasana y del gestor financiero Dante Canonica. Los dos hombres que supuestamente controlaban las cuentas de don Juan Carlos en Suiza. La aparición de indicios delictivos en movimientos de capitales no justificados fueron detallados por el diario helvético 'The Telegraphe'.

Se acreditó la existencia de la fundación panameña Lucum y la cuenta abierta a nombre del monarca en el banco suizo Mirabaud, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I. A esa cuenta llegó en agosto de 2008 100 millones de dólares (88 millones de euros) de una donación de la Casa Real saudí. En junio de 2012, antes de cerrar el depósito, todo el dinero fue transferido a otra cuenta de Corinna en un banco suizo en Bahamas. Un «regalo», según sus abogados.

Otros movimientos que investiga Bertossa se refieren a un ingreso de 1,9 millones de dólares que supuestamente se entregó en mano a Fasana en Ginebra en 2010, cuando el rey emérito regresaba de un viaje en Abu Dhabi, tal y como publicó El País, y otros cinco millones de dólares que Corinna ingresó días después de un viaje de don Juan Carlos a Kuwait.

El fiscal ginebrino envió una comisión rogatoria en la que describía todos los movimientos de la cuenta del anterior monarca, pero aún no ha remitido a España la documentación prometida con los detalles de estas operaciones. Una tardanza que obligó a moverse a la Fiscalía Anticorupción española, elevando las diligencias al Supremo y apuntando los indicios contra al rey emérito para seguir manteniendo vivas las diligencias. En esa información de Suiza está la clave de la investigación: si, tal y como cree Anticorrupción, hubo blanqueo después de que dejara de ser inviolable tras su abdicación en junio de 2014.