El fiscal general exige discreción sobre la causa por terrorismo contra el expresident

El detonante está en la ley de aministía y sobre si, en caso de aprobarse finalmente, esta afectaría a casos considerados por la justicia como terrorismo y que afectan, singularmente, a Carles Puigdemont.

García Ortiz sí se mostró especialmente duro a la hora de valorar «la anomalía» de las declaraciones de uno de sus subordinados. Salvador Viada, fiscal del Supremo, reveló este miércoles en Onda Cero buena parte del áspero debate de este martes en la Junta de Fiscales de lo Penal del alto tribunal. «La mayoría consideramos que Tsunami Democràtic es una organización que lanza a masas de personas a confrontarse con las fuerzas del Estado y esos que lanzan a las masas asumen las consecuencias probables que puedan ocurrir», dijo en referencia al supuesto liderazgo de Puigdemont de la plataforma secesionista, una acusación que podría derivar en su enjuiciamiento por terrorismo.

Pero Viada fue aún más lejos: «La decisión la tomará el fiscal general del Estado; es un 155 encubierto», dijo sobre el supuesto manejo de García Ortiz en las decisiones del Ministerio Público. El fiscal general denunció que se filtren las reuniones de trabajo; reclamó que «se deje trabajar en paz» a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que ha de buscar «una unidad de criterio»; y dijo que «no miente» cuando niega que presionara al ponente, el fiscal Redondo, que se reunió con él y cambió su primer informe a favor de imputar terrorismo a Puigdemont. «No hay nadie con las defensas más blindadas» que el expresident, quiso remarcar ayer su abogado, Gonzalo Boye, ante los movimientos judiciales.