Vox se reúne este jueves para decidir sobre los pactos y acusa a Feijóo de forzar la ruptura

Es decir, los de Santiago Abascal intentan cargar sobre los hombros del PP la culpa de quebrar los pactos, aunque estos no recogen compromiso alguno sobre qué hacer con los menas. Este miércoles, los voxistas intensificaron su, por ahora, amago de divorcio. Inmediatamente después de que Alberto Núñez Feijóo se ratificara en que las comunidades regidas por los populares iban a primar el principio de «solidaridad», la derecha radical anunció que el partido «actuaría en consecuencia». Y durante todo el día fueron varios los dirigentes de la formación que recalcaron que no les temblaría el pulso a la hora de apretar el botón rojo. Anoche tampoco llegaron a explicitarlo pese a dar por rotas las alianzas.

Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien desveló antes de la reunión en Tenerife la decisión final de los populares. Lo hizo tras participar en Ermua (Vizcaya) en el homenaje anual a Miguel Ángel Blanco. «Vamos a cumplir con nuestras obligaciones y vamos a ser solidarios», sintetizó el jefe de la oposición en referencia a los 400 menores cuya crítica situación finalmente va a encauzarse. La decisión llevaba al límite el pulso con Vox, que lleva días advirtiendo de que romperá las coaliciones de gobierno en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Extremadura. Feijóo desdeñó este miércoles de forma pública por primera vez ese órdago recordando a los de Abascal que los territorios ya acogen a menas en la actualidad. «Es la realidad y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber», zanjó.

Y tras él fueron varios los pronunciamientos de los barones del PP que gobiernan junto a los voxistas. «Los órdagos son para el mus, en política tenemos que ir a hechos», aseveró Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, quien se mostró confiado en que Vox no consumará su ultimátum. Su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, dijo estar «tranquilo» y que consideraría «una sorpresa» que la formación de la derecha radical rompiera.

Unas manifestaciones que tuvieron respuesta por parte de los de Abascal en algunas de esas regiones. El vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo -el primero que tuvo Vox en un Gobierno autonómico tras las elecciones de febrero de 2022-, confirmó tras las palabras de Feijóo y Mañueco que está dispuesto a abandonar su cargo si su Ejecutivo acepta la acogida de menores llegados a Canarias. «Si nos dan a escoger entre el honor y los barcos, escogemos el honor». Pero fuentes del equipo de Feijóo incidieron en que «ni presiones pasadas del PSOE por el CGPJ ni las presentes de Vox» van a hacer a su líder «tomar decisiones en las que no cree» y que su «apuesta por la solidaridad es inquebrantable».

Lo que todavía evitan aclarar desde el principal partido de la oposición es si terminarán por dar su visto bueno o no a la reforma de la ley de extranjería que el Gobierno de Canarias ha pactado con la Moncloa para convertir en obligatorio el reparto de menas cuando esa región vea sobrepasados sus recursos de acogida en futuras ocasiones. Algo que deberá votar el Congreso cuando el Gobierno tenga listo el texto y que el PP entiende que ha de comprometer a todas las comunidades de España, por lo que fijan como línea roja que Cataluña no se excluya.

Desde Génova siguen reprochando al Gobierno la «ausencia de política migratoria» y, sobre todo, no haber proporcionado los recursos necesarios a las comunidades autónomas. Feijóo recalcó las condiciones de su partido para seguir colaborando en materia de inmigración con el Gobierno para lo que se avecina. «Le pido que asuma la parte que no pueden las comunidades, que todos los recursos del Gobierno central se pongan a disposición de la gestión de los menores. Para que demos una solución al problema de Canarias y preservemos nuestras fronteras de más avalanchas de inmigración».